La incertidumbre crece entre la comunidad inmigrante tras el anuncio de Donald Trump sobre la implementación de la controvertida Operación Aurora. Este plan contempla el arresto y la deportación masiva de inmigrantes, incluidos los residentes legales con Green Card y beneficiarios de programas como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Además, la iniciativa buscaría fortalecer los operativos contra organizaciones criminales que operan en Estados Unidos, como el Tren de Aragua.
En 2025, la nueva administración de Trump planea desmantelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Parole Humanitario. Estas medidas impactarían a millones de migrantes que han encontrado en Estados Unidos un refugio seguro. Estas acciones allanarían el camino para ejecutar la mayor deportación masiva en la historia del país.
La Operación Aurora es una estrategia diseñada por Donald Trump para intensificar las deportaciones y el control migratorio. Según declaraciones oficiales, el plan arrancaría el 21 de enero de 2025, en la ciudad de Chicago, Illinois, seleccionada como "zona cero" debido a su alta población de inmigrantes indocumentados y su estatus de ciudad santuario. En esta etapa inicial, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se centrarán en la captura de delincuentes y pandilleros, especialmente aquellos relacionados con grupos como el Tren de Aragua.
Uno de los aspectos más polémicos de la Operación Aurora es la eliminación de programas clave como el TPS y el DACA, que durante años han ofrecido estabilidad a millones de migrantes. El TPS, administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), protege a inmigrantes provenientes de países en crisis, mientras que DACA beneficia a jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. La desaparición de estas iniciativas podría dejar a millones de personas en situación de vulnerabilidad, expuestas a detenciones y deportaciones inmediatas.
Asimismo, la ejecución de la Operación Aurora contempla medidas que eliminan restricciones previamente establecidas, como la prohibición de operativos en áreas sensibles: escuelas, iglesias y juzgados. Se prevé que las autoridades incrementen su capacidad operativa para llevar a cabo arrestos masivos.
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El plan de Donald Trump incluye el uso de recursos militares y la declaración de emergencia nacional como estrategias para acelerar los arrestos y deportaciones masivas. Estas medidas antiinmigrantes buscan superar las limitaciones legales previas y garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados por Trump, quien ha designado a Tom Homan como "zar de la frontera" para supervisar la ejecución del Proyecto 2025.
Finalmente, la administración Trump planea revivir la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación histórica que permite deportaciones masivas en tiempos de conflicto. Según expertos, este enfoque legal representa un retroceso en términos de derechos civiles y podría tener graves consecuencias para las comunidades inmigrantes y sus familias.
