En cumplimiento de un acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi constituyó y definió la composición de la Comisión Especial que evaluará propuestas de reforma de las leyes aprobadas por el Congreso en materia penal.
La comisión será presidida por la misma Tello Gilardi e integrada por los jueces supremos titulares César San Martín Castro, presidenta de la Sala Penal Permanente; Víctor Prado Saldarriaga, presidenta de la Sala Penal Transitoria; y Elvia Barrios Alvarado, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
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Tello Gilardi indicó que es una preocupación la alta carga procesal y la lentitud en los juicios penales, lo que hace "necesario hacer una revisión del Código Procesal Penal para identificar los nudos y trabas legales, muchas veces por el accionar de las partes, que impide avanzar con celeridad los procesos judiciales, con especial atención de los casos complejos".
Anotó que los jueces son conscientes que se necesitan cambios legales, que deben impulsarse para generar un debate y consensos amplios con los otros poderes del Estado, los organismos autónomos, los colegios de abogados y la academia.
"Toda propuesta de reforma legal requiere la intervención y participación de jueces y juezas", enfatizó Tello Gilardi.
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"Por esta razón -precisó", desde la sala plena de la Corte Suprema emitimos hace algunos días un pronunciamiento anunciando la creación de una comisión que analizará las leyes promulgadas por los otros poderes para tomar las acciones que correspondan".
Asimismo, en "defensa de las competencias, de los principios de separación de poderes. así como la independencia judicial, pilares básicos de un estado democrático".
En este mismo contexto, en su mensaje a la Nación por el inicio del año judicial, Tello Gilardi anunció que también se creará una Comisión de Análisis de la Aplicación de la Pena Justa, encargada de evaluar la coherencia y proporcionalidad de las sentencias impuestas".
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La Sala Plena de la Corte Suprema criticó diversas leyes dadas por el Congresos sobre prisión preventiva, Crimen Organizado, transferencia de la investigación preliminar a la Policía, sanciones a jueces y fiscales por liberar a detenidos en flagrancia y la pretendida reforma del sistema judicial que impulsa el Congreso, sin intervención de los magistrados.
Así, sostienen que la Ley 32130, que otorga inconstitucionalmente la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú, desconoce el artículo 159, inciso 4, de la Carta Magna que otorga la conducción de la investigación del delito al Ministerio Público.
Igualmente, dicha norma desnaturaliza el recurso de casación al bajar los requisitos para su procedencia lo que incrementará la carga procesal de las Salas Penales y disminuirá su función de establecer jurisprudencia.
También expresaron su preocupación por las Leyes 32108 y 32138 sobre crimen organizado que "reduce sensiblemente la posibilidad de una persecución procesal razonable y efectiva en aras de la tutela de los intereses públicos".
Si bien, las Salas Penales se han pronunciado a favor de cumplir con las mencionadas leyes han dejado constancia que generan un grave perjuicio en la persecución del delito y la seguridad ciudadana.
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Otro tema de gran preocupación es la Ley 32181, que eliminó la detención preliminar para casos de no flagrancia, pues pese a que el Congreso aprobó restituir dicha medida restrictiva de libertad, el Ejecutivo, que la recibió el 16 de diciembre de 2024, todavía no la promulga.
Los jueces también han realizado observaciones a la Ley 32182, con la que se busca sancionar disciplinaria y penalmente a los fiscales y jueces por dejar en libertad a personas detenidas en flagrancia, pues somete sus decisiones jurisprudenciales a control disciplinario y penal.
Las decisiones de un juez no pueden estar sujetas a control pues afectaría su independencia. Únicamente puede sancionarse la falta de motivación la dictar una resolución, el prevaricato y/o los actos de corrupción.
Igualmente, han criticado que el Congreso cree una comisión parlamentaria que en un plazo de 90 días debe proponer una reforma total del sistema de justicia, sin participación de los jueces y fiscales
"La transformación de la justicia no puede hacerse a espaldas o contra los jueces y fiscales. Cabe recordar que toda la sociedad está interesada en mejorar el servicio de justicia y desde ese interés social los jueces somos parte de la solución –no parte exclusiva del problema, como parece desprenderse de la Moción 15003 aprobada el miércoles once del presente mes–", se lee en el pronunciamiento.
