El Gobierno de México ha oficializado un incremento del 12% en el salario mínimo para trabajadores públicos y privados, efectivo a partir del 1 de enero de 2025. La población verá reflejado este nuevo momento en sus pagos mensuales. Revisa en esta nota todos los detalles del aumento.
Este ajuste salarial beneficiará a aproximadamente 8.5 millones de trabajadores en todo el país.
Además, los salarios mínimos profesionales, que abarcan 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, también experimentarán un incremento del 12%.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) ha señalado que este aumento se compone de dos elementos:
Este incremento salarial forma parte de una estrategia gubernamental iniciada en 2019, cuyo objetivo es mejorar los ingresos de los trabajadores desde los niveles más bajos y avanzar hacia un salario mínimo que permita acceder a 2.5 veces la canasta básica para el año 2030.
Las autoridades han enfatizado que los aumentos al salario mínimo no han tenido efectos negativos en la inflación ni han impactado significativamente a las empresas, ya que el porcentaje de la masa salarial adicional es mucho menor al crecimiento del salario mínimo en términos reales.
Este ajuste salarial busca reconocer el esfuerzo de los trabajadores mexicanos y contribuir a una distribución más equitativa del ingreso en el país.
El salario mínimo también rige para empleados del sector público en México, especialmente aquellos que desempeñan funciones básicas o en niveles iniciales. Si bien muchos trabajadores del gobierno perciben sueldos por encima del salario mínimo debido a tabuladores específicos, este aumento establece un piso mínimo obligatorio.
Los ajustes salariales garantizan que ningún empleado, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal, reciba un ingreso por debajo del salario mínimo vigente. Además, algunos sindicatos y dependencias gubernamentales revisan los tabuladores salariales cada año para alinearlos con los aumentos.
Las autoridades laborales, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), vigilan que las empresas privadas cumplan con el salario mínimo vigente. Los empleadores que no respeten esta norma pueden enfrentar sanciones legales.