Seúl. Policías y agentes anticorrupción de Corea del Sur intentaron arrestar al presidente suspendido Yoon Suk Yeol el viernes, acusado de haber impuesto la ley marcial hace un mes. Sin embargo, la operación fue abortada ante la resistencia de los servicios de seguridad en la residencia del mandatario.
El dirigente conservador, quien declaró la ley marcial por primera vez en la democracia surcoreana el 3 de diciembre, enfrenta una grave crisis política y podría convertirse en el primer presidente en ser arrestado durante su mandato. Suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional, Yoon también enfrenta cargos de “insurrección”, que pueden implicar cadena perpetua o pena de muerte. Aunque su destitución está pendiente de confirmación por el Tribunal Constitucional, sigue siendo oficialmente jefe de Estado.
Corea del Sur emite orden de detención contra presidente Yoon por la ley marcial
Agentes de la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) accedieron a la residencia de Yoon en Seúl, donde se encuentra confinado tras la emisión de una orden de arresto esta semana. El intento de detención, transmitido en directo por los principales medios, fue bloqueado por vehículos que impedían el acceso a la propiedad. Finalmente, los investigadores tomaron una ruta alternativa, pero se encontraron con más de 200 personas que bloquearon su avance, incluyendo guardaespaldas presidenciales.
Tras un enfrentamiento que duró cerca de cuarenta minutos, los agentes de la OIC decidieron retirarse por motivos de seguridad. La orden de arresto vence el próximo lunes, por lo que el intento de detención podría repetirse en los próximos días.
El abogado de Yoon, Yoon Kap-keun, calificó la orden de arresto como “ilegal e inválida”, asegurando que su ejecución es “ilegítima” y prometiendo acciones legales. Por su parte, el jefe de la OIC, Oh Dong-woon, advirtió que cualquier intento de bloquear la detención podría llevar a consecuencias judiciales.
Desde su residencia, Yoon, de 64 años, ha prometido resistir cualquier intento de detención, calificando las acciones en su contra como un ataque a la democracia. En los alrededores, cientos de partidarios ondeaban banderas y coreaban su nombre, mientras la policía mantenía un cordón de seguridad.
La colaboración de los guardaespaldas presidenciales en la investigación ha sido incierta desde el principio. En varias ocasiones, han bloqueado órdenes de registro relacionadas con la causa.
El viernes, el OIC también imputó a dos altos mandos militares bajo cargos de “insurrección”. Estos funcionarios ya estaban bajo arresto y son investigados por su papel en la declaración de la ley marcial.
El intento de arresto ocurre en un momento de gran tensión política en Corea del Sur. La ley marcial, declarada por Yoon el 3 de diciembre, provocó una crisis inmediata que lo obligó a dar marcha atrás horas después, presionado por la oposición y miles de manifestantes.
La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, prevista para el lunes, añade un elemento internacional al contexto. Washington, aliado clave de Corea del Sur, sigue de cerca la situación mientras Yoon enfrenta el escrutinio de su país.
