El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, viaja hoy a China tras no poder aclarar cómo Jorge Torres Saravia, exfuncionario investigado por una presunta red de prostitución en el Parlamento, llegó a ser jefe de la Oficina Legal y Constitucional de esta institución. En conferencia de prensa, Salhuana apeló al mismo discurso que el año pasado usó su oficial mayor Giovanni Forno: no sabe quién recomendó a Torres Saravia.
“Cuando llegamos a la presidencia, el señor se encontraba ya trabajando, pero sucedido los hechos, lo hemos retirado y él ya no pertenece al Congreso”, dijo ante la prensa. Es cierto que cuando Salhuana llegó a la Mesa Directiva, Torres Saravia ya era jefe de la Oficina Legal, pero tras el escándalo, Salhuana y Forno no aclaran quién proporcionó el CV de Torres Saravia.
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Pese a eso, Salhuana insistió con que “en el Congreso no se esconde nada”.
Pero sigue siendo una incógnita cómo llegó Torres Saravia a esa jefatura. Y ningún alto mando del Legislativo es preciso con esa información. La falta de claridad provocó que un sector del Parlamento pida la salida de Forno.
Horas antes de la conferencia, diversas bancadas – Renovación Popular, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista y Podemos Perú – le pidieron a Salhuana que lo retire porque cuando fue interrogado en la Comisión de Fiscalización, reconoció su responsabilidad en contratar a Torres Saravia, pero dijo no recordar quién lo recomendó.
Salhuana ha preferido que la continuidad de Forno sea evaluada por sus vicepresidentes de la Mesa Directiva, Patricia Juárez (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Alejandro Cavero (Avanza País). Así, evita la responsabilidad de destituirlo.
Forno llegó a la Oficialía Mayor en 2023, con respaldo de las mismas agrupaciones que siguen conformando la Mesa Directiva. No hay garantía de que los actuales vicepresidentes lo removerán del cargo.
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Salhuana también anunció que reorganizará la dirección general del Congreso en los departamentos de Administración, Logística, Recursos Humanos, Finanzas, Tecnología y Servicios Generales. “En los casos que se disponga la remoción, se hará en coordinación directa con los sindicatos del Congreso para encargar esas áreas a profesionales del servicio parlamentario”, dijo.
Pero no adelantó cuándo habrá resultados y tampoco qué funcionarios vinculados a Alianza Para el Progreso (APP) serán retirados.
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Además, dio a conocer que el nuevo jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso es Ángel Delgado, un miembro de la ultraderechista Coordinadora Republicana. “Ha nombrado a un defensor a ultranza de la teoría del fraude”, recordó el constitucionalista Omar Cairo.
En una entrevista con radio Exitosa, en setiembre del año pasado, Delgado afirmó que Fuerza Popular, el partido político de Keiko Fujimori, “ha abandonado el montesinismo, las prácticas dictatoriales”. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Delgado es militante del partido político Avanza País, agrupación que integra la Mesa Directiva.
Sobre los videos de las cámaras de vigilancia del Complejo Legislativo que no fueron entregados a la Comisión de Fiscalización, que investiga la presunta red de prostitución, Salhuana adelantó que se ampliará la capacidad de almacenamiento.
Cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, pidió los videos de los meses de julio y agosto, el oficial mayor respondió que las grabaciones con más de 25 días de antigüedad no son guardadas en el sistema. Salhuana ahora asegura que esa capacidad de almacenamiento aumentará a 45 días.
La Comisión de Fiscalización necesitó con urgencia los archivos de esos meses cuando aún trabajaba en el Parlamento Andrea Vidal, extrabajadora de Torres Saravia, que falleció el mes pasado luego de ser atacada por unos sicarios. Pero ese material ya no existe.
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Salhuana pretendió calmar las aguas reiterando que el Congreso está dando todas las facilidades ante el Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización para sus investigaciones. Pero todavía hay vacíos en las respuestas que brindó.
Además, la Comisión de Fiscalización todavía no tiene facultades de comisión investigadora en este caso y el Pleno todavía será convocado en marzo cuando inicie la segunda legislatura. La Mesa Directiva no ha mostrado intenciones de convocar a una sesión extraordinaria en el hemiciclo.
La gestión de Salhuana todavía no ha resuelto el escándalo y ayer, mientras rendía cuentas, la Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima ingresó al Palacio Legislativo, al Complejo Legislativo y al Departamento de Recursos Humanos para recabar documentos y los registros de las cámaras de videovigilancia.
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La diligencia había comenzado a las 4 de la tarde. Uno de los edificios donde ingresó la Fiscalía fue el que se ubica en el Jirón Huallaga, en el Centro de Lima. Fuentes de La República explicaron que en esa sede funciona la jefatura de Recursos Humanos, área que tiene la información sobre las contrataciones en la Oficina Legal y Constitucional, cuando Torres Saravia la dirigía. Al cierre de esta nota, los agentes continuaban recabando documentos.
Pero eso no detendrá el viaje de Salhuana a China para reunirse con la Asamblea Popular Nacional de ese país desde el 5 al 10 de enero. Salhuana se excusó en que esa visita no costará recursos públicos porque es el gobierno chino correrá con los gastos. Su delegación estará integrada por dos funcionarias militantes de APP, Saby Meza y Jaqueline Lozano, su colega de bancada Lady Camones, y los legisladores José Williams, de Avanza País; Luis Cordero Jon Tay, de Somos Perú, y Auristela Obando, de Fuerza Popular.
“Resulta paradójico que la prensa, cuando viajan los congresistas, se señala que se hace un gasto excesivo y ahora que no genera ningún gasto, se objeta”, se excusó.
Cuando le consultaron sobre los pedidos de censura, dejó la aritmética de los votos en manos de sus colegas. “Efectivamente, cualquier decisión de mi continuidad, será decisión de los 130 congresistas”, enfatizó. Salhuana, al igual que el gobierno de Dina Boluarte, se mantiene gracias a la coalición que gobierna el Congreso.
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En la conferencia de prensa, el presidente del Congreso dijo que su asesora Saby Meza no es militante de Alianza Para el Progreso (APP). Sin embargo, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) actualmente sí lo es.
Salhuana dijo que dio facilidades a la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero hasta la fecha, el Pleno no le ha otorgado facultades de investigación a esta comisión.
Cuando le preguntaron a Salhuana sobre su antecesor Alejandro Soto, de APP, respondió que él ha sido citado a la Comisión de Fiscalización. “Ahí él dirá su punto de vista”, dijo. El exfuncionario Jorge Torres Saravia, recordemos, llegó a ser jefe de la Oficina Legal y Constitucional en el periodo en que Soto era presidente del Congreso.
