Las faltas de certezas en torno al proyecto Domingo continúan, a dos días de que se cumpliera el fallo impuesto por el Tribunal Ambiental de Antofagasta para la nueva votación del Comité de Ministros, que debía ser este 31 de diciembre. Las pocas claridades expresadas desde el Ejecutivo sobre el cumplimiento del fallo, han generado cuestionamientos y sembrado más dudas.
Esta mañana, el ministro de Economía, Nicolás Grau, insistió en que como Gobierno “estamos cumpliendo con el fallo” y remarcó que el 23 de diciembre los ministros parte del comité resolvieron inhabilitarse, hecho que generó “una situación bien específica”.
Grau enfatizó que sigue sin estar claro quién debe reemplazar a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y al subsecretario Maximiliano Proaño, en el Comité de Ministros que deberá votar nuevamente el proyecto Dominga. Incluso, advirtió que en la ley no se específica claramente a quienes les corresponde ocupar esos cargos.
“Es justamente aquello lo que se ha consultado de la Contraloría. Sin definir quién es el presidente de ese comité, no es posible tomar una decisión. Lo que hemos hecho es cumplir el fallo y hacer las consultas”, manifestó el secretario de Estado.
La mañana de este jueves el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) presentó sus reparos por las acciones del Ejecutivo. En diálogo con T13, apuntó que el proceso ha sido poco claro y que se “amerita una explicación acabada por parte del Gobierno”.
En esa línea, parlamentarios de la Región de Coquimbo, donde se encuentra la localidad de La Higuera y el archipiélago de Humboldt, zona que se vería afectada si se da el visto bueno al proyecto Dominga, presentaron sus opiniones contrarias ante el actuar de las autoridades de La Moneda.
En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada Carolina Tello (FA), defendió las medidas adoptadas por el Ejecutivo tras conocer el pasado 9 de diciembre el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. “Hicieron una consulta a Contraloría que me parece del todo lógica y necesaria, para poder generar una subrogación”, sostuvo la parlamentaria.
La diputada oficialista describió como “necesario” esperar la respuesta del órgano contralor. Por otro lado, descartó que exista una falta de proactividad desde el Gobierno para cumplir con el fallo. “Se han hecho diversas acciones por parte además de otros organismos del Estado, como por ejemplo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que genera también un recurso de casación y una reposición para efectos de suspender este fallo”, apuntó Tello.
En torno al futuro del proyecto Dominga y el resultado de la nueva votación, Tello relevó la importancia de que “sea siempre en base al criterio científico, a los análisis internacionales que se han hecho y por supuesto a toda la normativa nacional vigente”.
En contraposición, el diputado de la UDI, Marco Antonio Sulantay, sostuvo que las autoridades han buscado mecanismos para dilatar la nueva votación de la instancia ministerial. “Es muy criticable que el Gobierno haya concurrido a Contraloría buscando un pronunciamiento administrativo respecto a la composición del Comité de Ministros”, partió cuestionando.
“Esto suena más a un resquicio administrativo respecto al fallo del Tribunal Ambiental”, complementó, indicando que a través de este tipo de resquicios el Ejecutivo tienen el objetivo de “dilatar una discusión que se debió dar hace mucho tiempo”.
A la espera del dictamen de Contraloría, desde el Gobierno -por medio del SEA- presentaron una solicitud de certificación ante el Primer Tribunal Ambiental para presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema. Independiente de la resolución tanto de Contraloría como de la Corte Suprema, la empresa a cargo de Dominga, Andes Iron, podría apelar y mantener vivo el proceso.
