La Federación Española de Pelota ha emitido este jueves un comunicado en el que asegura que acudirá a la Justicia debido al «atropello nacionalista» ejecutado por la Federación Vasca. Este organismo, el pasado 27 de diciembre, recibió permiso de la Federación Internacional (PIPV) para competir como selección independiente, lo que podría provocar que España y País Vasco se enfrentaran como rivales. Este suceso se debe a la Ley del Deporte publicada en 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez , que permitió que en ciertos deportes, como el surf o la propia pelota vasca, algunas comunidades autónomas pudiesen tener un equipo propio. La asamblea de la Federación Internacional de Pelota Vasca celebrada a finales de diciembre en Pamplona aprobó el ingreso de la Federación Vasca de dicho deporte como miembro de pleno derecho. La medida permitirá que la selección de Euskadi, con su uniforme, bandera e himno participe en las competiciones oficiales organizadas por la FIPV, lo que podría desembocar en un futuro enfrentamiento deportivo del combinado vasco contra España. El artículo 48.2 de la nueva Ley del Deporte aprobada por el Gobierno español en diciembre de 2022 abrió la puerta a la resolución adoptada ayer. Así, dicho artículo establece que las federaciones deportivas autonómicas podrán participar directamente en el ámbito internacional, si la federación internacional correspondiente contempla su participación y en dos supuestos: primero, cuando una federación autonómica ya formó parte de una internacional, y después se creó la federación española; y segundo, si se trata de modalidades con arraigo histórico y social en su respectiva comunidad autónoma, como es el caso de la pelota vasca y el surf en el País Vasco. Para que la FIPV –presidida por Xavier Cazaubon, nacido en Biarritz (Francia) y con nacionalidad mexicana– aprobara esta resolución se requería una mayoría de dos tercios de los países asistentes. Los representantes de Argentina, Venezuela, México, Francia, Perú y Bolivia votaron a favor del reconocimiento. Chile lo hizo en contra, y faltaron Uruguay e Italia. España y Cuba también estuvieron, pero no les dejaron votar. La delegación cubana fue inhabilitada durante un mes por renunciar a participar en la Liga de Naciones de trinquete que se celebró en París después de haberse inscrito. El argumento para vetar a España fue doble. Primero, se sacaron de la manga una sanción exprés para Julián García, presidente de la Federación Española, que estuvo presente pero sin voto. Luego, también vetaron a Jorge López. Adujeron que no forma parte de la junta gestora que actualmente rige los destinos del organismo federativo, inmerso en pleno proceso electoral. López estuvo presente durante los primeros compases de la asamblea, pero cuando le comunicaron que no podría votar abandonó la sala. Este es el comunicado de la Federación Española de Pelota dado a conocer este jueves: «La Federación Española de Pelota ha decidido dar un paso firme y ha acordado el inicio de acciones legales que emprenderá tras los acontecimientos derivados de la Asamblea de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) celebrada el pasado 28 de diciembre, en un procedimiento que tilda de viciados de pleno derecho y adoptados bajo un procedimiento irregular y opaco. El presidente de la Junta Gestora, Julián García Angulo afirma que 'se recurrirá tanto ante la justicia ordinaria como ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) los acuerdos asamblearios adoptados'. Es importante señalar que, pese a las maniobras para evitar en el futuro la jurisdicción del TAS mediante modificaciones estatutarias tan faltas de transparencia que aún nadie alcanza a conocer, los actuales estatutos de la FIPV mantienen dicha competencia, y utilizaremos todas las herramientas legales a nuestro alcance para proteger los derechos de España. García Angulo expresa que el procedimiento incluyó la exclusión irregular de España mediante sanciones disciplinarias apresuradas a su persona incumpliendo la propia normativa de la FIPV , lo que permitió aprobar acuerdos que, de otro modo, hubieran encontrado una fuerte oposición e imposibilidad de facto de aprobarse. La Federación Española de Pelota cuenta con el respaldo unánime del deporte español. En una reunión celebrada este jueves 2 de enero en el Comité Olímpico Español (COE), el presidente del COE, Alejandro Blanco y el secretario general de la Asociación del Deporte Español (ADESP), Vicente Martínez , expresaron su total apoyo a las acciones legales que se van a emprender. Este respaldo subraya la importancia de defender la transparencia, el respeto a las normas y los intereses de España en el ámbito deportivo internacional. La defensa jurídica estará liderada por Gonzalo Jiménez Illana , jurista especializado en el ámbito de derecho deportivo, que ya participó en 2023 en la oposición a una propuesta similar de modificación estatutaria y que fue frenada incluso antes de poder ser llevada a votación. Jiménez Illana, coordinará la estrategia legal destinada a garantizar que los derechos de España, como miembro fundador y de pleno derecho de la FIPV, sean protegidos frente a esta iniciativa de carácter nacionalista. La gravedad de esta situación ha sido puesta de manifiesto por Unión del Pueblo Navarro (UPN) , cuyo representante en la Junta Directiva de la Federación, Javier Trigo, presentó su dimisión inmediata como vicepresidente en protesta por este atropello. Trigo ha mostrado su gran preocupación por el rumbo adoptado por el presidente de la FIPV, Cazaubon, y los intereses que parecen estar guiando estas decisiones. Se confía en que el Consejo Superior de Deportes (CSD) ejerza un criterio de prudencia y no ratifique ningún acuerdo derivado de esta Asamblea hasta que todas las instancias legales se hayan pronunciado. Resulta especialmente grave que, en una Asamblea celebrada en España y para un acuerdo que afecta principalmente a nuestro país, se haya recurrido a un procedimiento disciplinario irregular completamente con el objetivo de excluir a España de una votación crucial, en un acto que consideramos de absoluta falta de transparencia. García Angulo indica que 'Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los intereses del deporte español y nuestra determinación para garantizar que esta situación se resuelva conforme a los principios de justicia, legalidad y respeto a las normas internacionales y el espíritu del movimiento olímpico'».
