El año 2024 ha terminado con once personas muertas (diez de ellos cazadores) por disparos accidentales por la caza, a los cuales se suman 19 personas heridas, según el recuento realizado por Colectivos contra la Caza.
En el recopilatorio no se han incluido los muertos o heridos por armas de caza que no estén dentro de la actividad cinegética, delitos realizados con armas de caza, asesinatos de violencia de género realizados con armas de caza, o los muertos y heridos resultantes de accidentes de tráfico con animales, que huyen o se usan en batidas de caza (jabalíes, ciervos, corzos, perros).
Castilla la Mancha es la comunidad autónoma que más muertos ha registrado (4 muertos y 3 heridos) seguida de Andalucía (3 muertos y 1 herido).
Colectivos contra la Caza destaca que con respecto al año anterior "hay un significante descenso de personas heridas ajenas a la actividad cinegética, pero aumentan los ataques a personas por perros de caza".
Asimismo, ha criticado la "falta de estudios y datos oficiales sobre los muertos, heridos y accidentes vinculados a la actividad cinegética y la carencia de rigor en los datos que difunde el Gobierno".
En total, han fallecido por la caza tres personas en Andalucía (Granada, Jaén y Córdoba); una en Asturias (Cabrales); cuatro en Castilla-La Mancha (dos en Toledo y dos en Ciudad Real); una en Castilla y León (Burgos); una en Extremadura (Badajoz); y una en Madrid (Guadalix de la Sierra).
Colectivos contra la Caza considera que el Gobierno y en especial el Ministerio del Interior, "directo responsable" de la regulación de la tenencia de armas en España, "deberían tomar medidas urgentes" para la seguridad de los 47 millones de españoles que salen al campo a disfrutar de la naturaleza, "sin temer" por sus vidas, "sin temer ser alcanzado por una bala o ser atacado por una jauría de perros de caza".
Entre las medidas que solicitan, resaltan un estudio y estadísticas de accidentes provocados por cazadores; considerar los accidentes de tráfico provocados por animales, durante y tras jornadas cinegéticas, como accidentes provocados por los cazadores y gestores de cotos; controles de alcoholemia y estupefacientes periódicos en los cotos de caza; exámenes psicotécnicos más restrictivos y periódicos; limitar la edad para cazar tanto a menores de edad como a mayores de 70 años; o la prohibición de la enseñanza de uso de armas de fuego a menores de edad.
