La Comisión Nacional de Valores (CNV) introdujo una serie de adecuaciones a la normativa sobre pagarés bursátiles destinados a "garantizar la transparencia en dichos procesos y proteger a los inversores", informó el organismo en un comunicado al emitir la resolución general 1041 el 30 de diciembre pasado, último día hábil de 2024.
La norma modifica aspectos de los canjes de pagarés bursátiles y cheques de pago diferido, de modo de ampliar los registros de operaciones, obligar a suministrar más información por parte de los emisores, los intermediarios, las calificadoras de riesgo y los mercados, para transparentar la negociación, de estos instrumentos.
La decisión se produce luego de los anuncios de default encadenados de pagarés bursátiles por parte de Agrofina, una empresa de comercialización de insumos agropecuarios, y de Los Grobo Agropecuaria, su principal accionista.
En este caso, por un pagaré de u$s 100.000 acompañado por el anuncio de la imposibilidad de pagar momentáneamente obligaciones negociables por u$s 10 millones, que vencían hasta marzo de 2025.
Esperan al próximo ciclo agropecuario para superar la situación de iliquidez y pagar los compromisos, dijo la firma controlada por el fondo Victoria Capital.
La Resolución 1041/24, apunta a garantizar transparencia y proteger a inversores.
La semana pasada, Red Surcos, la primera que defaulteó pagarés bursátiles por unos u$s 6,2 millones, anunció que se presentaba en concurso preventivo de acreedores, instancia en la cual renegociaría esa deuda caída mientras continuaba la operación.
También el 30 de diciembre, lo mismo sucedió con President Petroleum, una petrolera de capitales británicos que a principios del año pasado devolvió áreas a la provincia de Río Negro, y también incumplió pagarés por unos u$s 20 millones. Ahora se presentó en concurso preventivo de acreedores.
El mismo camino había recorrido La Redención, otro establecimiento agropecuario de Córdoba, con una historia que data del año 1870, que ahora se concursó luego de haber incumplido pagarés y otras deudas por unos u$s 20 millones.
"El problema con los pagarés bursátiles es que en su concepción original la negociación se había diseñado durante la pandemia para seguir operando, sobre todo las pymes. Mientras había circulación en la economía funcionó sin grandes dificultades. Pero con el cambio de régimen el año pasado, las nuevas condiciones, los problemas del campo luego de la sequía de 2022 y de los descalces de precios en pesos y dólares, el sector y el sistema hizo eclosión", explicó a El Cronista un referente del mercado.
Agregó este operador que suele canalizar tanto emisiones como inversiones en este tipo de instrumento, que el problema es que hasta ahora no podían saber acreedores o inversores qué negociaciones estaba realizando el emisor de los pagarés; y cuando se producía una crisis, el acreedor no tenía certeza de pago.
"Se resolvía finalmente al final de un concurso preventivo, pero al final, años después, con las pérdidas que ello conlleva", agregó.
El sistema se puso en tensión después de la entrada en concurso de Surcos, que trasladó iliquidez a la negociación secundaria de los pagarés, y de ahí la caída de Agrofina.
En el mercado están preocupados porque, según otros cálculos privados, la cartera de pagarés bursátiles en fondos comunes de inversión (FCI) específicos o dedicados a inversiones pymes supera los $ 830.000 millones.
Es cierto que no todos son pagarés de empresas que potencialmente presenten dificultades, como son los casos de grandes empresas industriales. Pero sí hubo un alerta acerca de las regulaciones, que en alguna medida tiende a reparar ahora la RG 1041.
"La RG N 1041 realiza ciertas adecuaciones a la normativa, sumando requerimientos a los emisores, a los Alyc y los mercados involucrados en los procesos de canje de dichos instrumentos, con la finalidad de garantizar la transparencia en dichos procesos y proteger a los inversores", indicó la CNV.
En el caso de Surcos, la CNV dispuso una suspensión provisoria y luego un embargo al considerar que el financiamiento en el mercado de capitales y el impago posterior constituyó un delito, al haber emitido obligaciones negociables "sin difundir información que permitiera conocer sobre su real situación financiera".
El delito está tipificado en el artículo 309 apartado 1° inciso B, que prevé penas de entre 1 y 4 años de prisión, una multa equivalente al valor de la operación y la inhabilitación para operar a aquella empresa que "ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas".
