Los vecinos del asentamiento continúan sin encontrar soluciones tras más de cuatro años en la oscuridad sufriendo condiciones infrahumanas
El Consejo de Europa falla contra España por los cortes de luz en la Cañada Real: ni vivienda digna ni derecho a la salud
En las afueras de Madrid, más de 4.500 personas sobreviven en el asentamiento ilegal más grande de Europa en condiciones que recuerdan a otra época. Durante los últimos cuatro años, los sectores V y VI de la Cañada Real han estado sumidos en la oscuridad, privados de electricidad desde que el 2 de octubre de 2020 Naturgy interrumpiera el suministro. La crisis ha agravado la situación de desigualdad social y de condiciones infrahumanas que se viven en las decenas de chabolas enclavadas en las proximidades de la M-50.
La Cañada Real es una antigua vía pecuaria que cruza los municipios de Coslada, Rivas-Vaciamadrid y Madrid. En sus orígenes, la zona era utilizada para el traslado de ganado, pero a partir de los años 60 del siglo pasado se convirtió en un asentamiento irregular que ha ido aumentando de tamaño. Hoy en día, más de 8.000 personas residen en este enclave que carece de servicios básicos, infraestructuras adecuadas y, desde hace cuatro años, de electricidad en dos de sus sectores más densamente poblados.
La justificación inicial para el corte del suministro fue la sobrecarga de la red por conexiones ilegales, según Naturgy. Sin embargo, los vecinos y las asociaciones que los apoyan denuncian que las causas reales están vinculadas a intereses urbanísticos. Proyectos como el desarrollo de Los Berrocales y Valdecarros han levantado las sospechas en torno a la propiedad del suelo y la regularización de algunas viviendas de la Cañada Real.
La falta de electricidad ha generado un impacto devastador en las familias, especialmente entre los menores. De los 4.500 afectados por el corte de luz, 1.800 son niños y niñas que crecen en condiciones precarias, expuestos a temperaturas gélidas durante el invierno y a problemas de salud mental y física derivados de esta situación. La llegada de las condiciones meteorológicas más severas del año agrava aún más la situación.
El informe La Cañada responde, elaborado por el Centro Sira el pasado año, calificó las condiciones de vida en la zona como, literalmente, un “entorno torturante”. Este documento recoge testimonios que ilustran cómo las familias enfrentan problemas como intoxicaciones por el uso de generadores de gasóleo, quemaduras por sistemas de calefacción improvisados y enfermedades respiratorias agravadas por la falta de aislamiento en las viviendas.
La población de la Cañada Real, con más de 15 años de residencia promedio y un fuerte arraigo desarrollado, enfrenta un grave deterioro tras el corte de suministro eléctrico. Según el mismo informe, el apagón no ha hecho más que intensificar la precariedad preexistente, afectando condiciones de vida básicas como la conservación de alimentos y la calefacción, lo que ha generado “un sufrimiento severo en la población”, especialmente en mujeres e infancia. Cabe recordar que más de 1.800 de los habitantes son niños y niñas.
El Centro Sira denuncia que la falta de luz equivale a una “muerte civil”, limitando el acceso a derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la conexión digital, crucial para el desarrollo infantil. Además, aseguran que ha disparado los problemas de salud mental, con un aumento del 11,8% al 55% en quienes requieren atención psicológica, y que un 15,7% ha expresado “pensamientos de suicidio”.
A pesar de la situación extrema, la comunidad de la Cañada Real continúa en pie de guerra. Los vecinos no han dejado de movilizarse para reclamar unas condiciones dignas desde que se produjera el corte de luz, hace más de cuatro años. Además, organizaciones vecinales como la Asociación Tabadol y plataformas solidarias han llevado su lucha hasta instancias internacionales.
Ante la creciente presión social y mediática, el Gobierno español, en colaboración con las administraciones autonómica y local, anunció el Plan Extraordinario de Realojos 2024-2034, que prevé el traslado de unas 1.600 familias a nuevas viviendas. Sin embargo, este plan ha sido recibido con escepticismo por los vecinos de la Cañada Real, quienes denuncian que no garantiza condiciones dignas ni soluciona el problema estructural de exclusión. Mientras tanto, las obras previstas para renovar la red eléctrica en los sectores no incluyen a aquellas familias que no disponen de contratos legales.
La reciente resolución del Consejo de Europa apunta a la vulneración de al menos seis artículos de la Carta Social Europea. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dictaminado que España ha violado la Carta Social Europea al no tomar medidas efectivas para paliar la situación de los vecinos de la Cañada Real. La resolución señala que ha afectado gravemente los derechos de los residentes, especialmente el derecho a una vivienda adecuada, la protección de la salud y el bienestar infantil, pues los niños han enfrentado condiciones extremas que han podido empeorar su salud y desarrollo.
Las organizaciones y los vecinos esperan que esta condena internacional impulse medidas concretas, como el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico y un plan inclusivo que respete los derechos de todas las familias.
El comité también subraya el impacto negativo en la seguridad y la salud de los habitantes, quienes han recurrido a generadores de gasolina y paneles solares, lo que ha generado intoxicaciones y riesgos de incendios. El ente europeo considera insuficientes los plazos de realojo de las administraciones dado que los planes están proyectados hasta 2034, casi 15 años más tarde del corte de luz en los sectores V y VI.
Mientras tanto, el quinto invierno sin electricidad amenaza con recrudecer todavía más la situación en la Cañada y con ir desgastando a los más de 4.000 vecinos que siguen lidiando con el día a día de la estación más dura del año sin suministro eléctrico.
