Las protestas contra la ley de amnistía a los independentistas catalanes marcaron la actualidad en el otoño de 2023. Durante sucesivas tardes y noches, cientos de personas se concentraron en las cercanías de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, de Madrid.
En algunas ocasiones se registraron altercados, por el lanzamiento de objetos contra los antidisturbios de la Policía Nacional y la respuesta de los agentes para dispersar a los violentos.
Un episodio especialmente polémico lo reveló el diario El País en noviembre de 2023. Policías nacionales que realizaban controles en los alrededores para evitar que los manifestantes accedieran con algún objeto peligroso encontraron un arma de fuego.
El joven que portaba la pistola era un alumno de la Academia General Militar, de Zaragoza, ya con el empleo de alférez. El Ejército de Tierra abrió una investigación, según contó El País. Apenas se supo nada más.
El Chivato ha podido comprobar que un año después de la noticia el asunto aún interesa a un parlamentario de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados. Jon Iñarritu ha registrado una pregunta sobre el asunto para que el Gobierno le conteste por escrito.
“En noviembre de 2023, en el transcurso de las manifestaciones de carácter ultra que se realizaron en la calle Ferraz de Madrid agentes de la Policía Nacional incautaron una pistola a un ciudadano que participaba en las protestas que resultó ser un alférez del Ejército de Tierra destinado en la Academia General de Zaragoza”, recapituló Iñarritu, que añadió que “en ese momento las Fuerzas Armadas comunicaron que iban a abrir una investigación. Varios medios señalaron que según fuentes jurídicas castrenses el alférez alumno se arriesgaba a ser expulsado de la Academia”.
En la iniciativa parlamentaria, fechada el pasado 12 de diciembre, el diputado independentista vasco planteó dos preguntas: “¿Cuándo y cómo finalizó esa investigación?”, y “¿Qué medidas se aplicaron contra ese alumno?”.
Hay que apuntar que el Ministerio de Defensa, los ejércitos y la Armada suelen resistirse a informar sobre el resultado de expedientes disciplinarios, ya que en teoría es materia clasificada. Sin embargo, en alguna ocasión sí que han revelado que a ciertos militares se les ha castigado: por ejemplo, al capitán que llevó a su compañía al Valle de los Caídos.
Cuando dos diputados de Sumar pidieron información sobre el caso, hace un año, el Gobierno se limitó a describir el suceso de forma resumida, pero sin dar pistas sobre si el alférez iba a ser castigado:
-- “El alférez alumno al que se refiere la iniciativa fue interceptado en uno de los filtros policiales, establecidos con la finalidad de evitar que las personas que accediesen a la zona donde se celebraba la concentración portasen algún objeto / instrumento que resultase peligroso para la integridad física de los allí concentrados y de los agentes policiales que se encontraban prestando servicio en el lugar”.
-- “La pistola incautada contaba con guía de pertenencia y estaba correctamente acreditada, desconociéndose el motivo por el cual el alférez portaba en esos momentos su arma reglamentaria, sin que el mismo tampoco se pronunciase sobre dicha cuestión”.
Con motivo de esas protestas en Ferraz, hubo cierto debate y consultas jurídicas de militares que dudaban si podría tener consecuencias negativas para ellos participar en estas concentraciones no comunicadas ante la sede del PSOE. También se apuntó que algún militar habría sido detenido, si bien el Ministerio de Defensa estuvo revisando las listas de arrestados por la Policía Nacional y en principio no confirmó ningún caso de militar detenido por disturbios en Ferraz.
