La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, convocó a manifestaciones en enero, coincidiendo con la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato. Este llamado se produce en un contexto de creciente tensión política y cuestionamientos sobre la legitimidad de las elecciones.
María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, denunció la reelección de Maduro como un fraude e instó a los ciudadanos a salir a las calles para reclamar sus derechos. Por su parte, Edmundo González Urrutia, exiliado en España, expresó su compromiso de hacer valer el mandato popular en 2025, en un momento en que la oposición busca recuperar la confianza de sus seguidores tras una serie de protestas que resultaron en violencia y represión.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como reelecto para un tercer mandato consecutivo, que se extenderá de 2025 a 2031. Sin embargo, la falta de transparencia en los resultados generó desconfianza entre los opositores, quienes publicaron copias de actas electorales que, según ellos, demuestran un triunfo en las elecciones del 28 de julio. La toma de posesión está programada para el 10 de enero, lo que intensificó las tensiones en el país.
La comunidad internacional también comenzó a reaccionar ante las irregularidades denunciadas. Algunos gobiernos expresaron preocupación por la transparencia del proceso, mientras que otros reconocieron el resultado emitido por el CNE, polarizando aún más el debate político en torno al futuro del país.
Estados Unidos, junto con la Unión Europea y varios países de América Latina, brindaron su apoyo a los líderes opositores González Urrutia y Machado, rechazando la reelección de Nicolás Maduro, quien gobierna desde 2013. Antony Blinken, secretario de Estado, reafirmó el compromiso de Washington con la democracia en Venezuela.
En respuesta, Maduro calificó estas posturas como injerencias y defendido la legitimidad de las elecciones del 28 de julio. A pesar de sus declaraciones, las tensiones internacionales aumentan, mientras la oposición busca más apoyo para lograr una transición democrática en el país.
Las protestas postelectorales en Venezuela dejaron 28 muertos, cerca de 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Aunque aproximadamente 1.400 de estos detenidos fueron liberados condicionalmente, la represión frenó la respuesta a las convocatorias opositoras. La situación actual plantea un desafío significativo para la oposición, que busca revitalizar su base y movilizar a los ciudadanos en un contexto de creciente desconfianza y miedo.
Mientras tanto, el gobierno de Maduro justifica las detenciones como necesarias para mantener el orden, mientras acusa a los líderes opositores de incitar la violencia. Sin embargo, diferentes organizaciones condenaron estas acciones y alertaron sobre un posible agravamiento de la crisis política y social.
Con la toma de posesión de Maduro a la vista se enfrenta a un momento crucial. La capacidad de movilización y la respuesta de los ciudadanos serán determinantes para el futuro político del país. La convocatoria a las protestas por parte de Machado y González Urrutia representa un intento de reactivar el descontento popular y reafirmar la lucha por la democracia.
A pesar de los esfuerzos, el gobierno actual mantiene el control de las instituciones y refuerza su discurso de estabilidad frente a lo que califica como intentos de desestabilización.
