El estado de Texas ha reactivado uno de los proyectos más polémicos en materia de seguridad fronteriza: la construcción de un muro a lo largo de su frontera sur con México. Esta decisión ha generado reacciones encontradas entre quienes apoyan la medida como una herramienta para proteger el territorio y quienes la ven como una política ineficaz y costosa.
El gobernador Greg Abbott anunció el pasado 30 de diciembre que la Operación Estrella Solitaria sería la encargada de supervisar la ampliación de esta barrera física. En un video publicado en su cuenta oficial de X, se mostraron imágenes de trabajadores y grúas colocando grandes vallas metálicas en puntos clave de la frontera.
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Hasta ahora, se han completado 80 kilómetros de muro, pero la meta establecida por el gobierno texano es alcanzar los 161 kilómetros antes del año 2026. Según Mike Novak, director ejecutivo de la Comisión de Instalaciones de Texas (TFC), esta infraestructura no solo servirá como un obstáculo físico, sino también como un sistema de vigilancia permanente.
Además, el proyecto contempla excavaciones de hasta 16 kilómetros de profundidad para evitar la construcción de túneles clandestinos que puedan ser utilizados para cruzar la frontera de manera irregular.
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El gobierno de Texas ha identificado 13 puntos estratégicos en seis condados fronterizos: Cameron, Starr, Zapata, Webb, Maverick y Val Verde. Estas zonas han sido señaladas como los puntos más vulnerables para el cruce irregular y el tráfico de drogas y armas.
A lo largo de estas áreas, el muro será vigilado las 24 horas del día por la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Ambas instituciones trabajarán en conjunto para interceptar intentos de cruce no autorizados y frenar las actividades de los cárteles criminales.
La construcción de esta barrera está siendo financiada mediante una combinación de recursos estatales, impuestos locales y donaciones privadas. Según el gobierno texano, esta estrategia ha permitido avanzar en las obras sin depender de recursos federales.
Sin embargo, críticos de esta medida cuestionan si estos recursos podrían haberse destinado a otras áreas prioritarias, como el sistema de salud o la educación pública. A pesar de las críticas, la administración estatal sostiene que esta inversión es fundamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Especialistas en políticas migratorias han advertido que el muro podría no ser la solución definitiva al problema de la migración irregular. Además, grupos defensores de los derechos humanos señalan que estas barreras suelen empujar a los migrantes a buscar rutas más peligrosas, exponiéndolos a condiciones extremas y a redes de tráfico de personas.
Otro punto preocupante es el impacto ambiental que la construcción del muro podría generar en las regiones donde se está instalando. Expertos alertan sobre la posible alteración de ecosistemas y hábitats naturales.
La efectividad del muro continúa siendo un tema de debate. Mientras el gobierno de Texas asegura que esta barrera reducirá significativamente el tráfico de drogas y personas, expertos insisten en que el problema migratorio requiere soluciones estructurales que incluyan cooperación binacional y políticas más humanitarias.
Lo cierto es que, con la construcción en marcha, el muro fronterizo se ha convertido una vez más en un símbolo de división política y social en Estados Unidos.