El Gobierno consiguió aprobar en 2024 tan solo nueve de los 42 proyectos legislativos que envió al Congreso, por lo que ahora, en 2025, tiene 32 iniciativas en tramitación, ya que la ley del suelo tuvo que retirarla por falta de apoyos, además de las que puedan seguir llegando desde el Consejo de Ministros. Y algunas de esas 32 leyes son reformas de diversa índole comprometidas con Europa para poder recibir más dinero, ya que este año corresponde el séptimo pago de los fondos. El Gobierno tiene que aprobar numerosas leyes para recibir fondos europeos y algunas de esas iniciativas pueden entrañar los mismos problemas que la "agónica" reforma fiscal: las diferencias ideológicas entre los socios que dan apoyo al Gobierno y la guerra de cesiones.
En este sentido, parece que una de esas leyes que más tensiones puede acarrear es la de industria, por el carácter económico que tiene y porque tanto Junts y ERC como PNV y Bildu van a mirar con lupa por el peso que tiene el sector secundario en Cataluña y País Vasco. El proyecto de ley está recién llegado al Congreso y todavía no se ha empezado a negociar nada, pero es una ley que puede parecerse mucho a la reforma fiscal porque los socios van a ser exigentes y eso va a obligar al Gobierno a hacer muchos equilibrios con la introducción de enmiendas. Podemos va a presionar mucho y una de las exigencias que va a estar encima de la mesa va a ser la penalización a empresas que estén molestas con el rumbo del Gobierno y se marchen de España.
Probablemente, la ley de industria no será la única que conlleve problemas al Gobierno para sacarla adelante, ya que hay otras iniciativas comprometidas con Bruselas que también van a estar en el punto de mira de las exigencias de los independentistas por su contenido cultural. En concreto, la ley del cine y la ley para crear la oficina de los derechos de autor. La ley del cine se remitió ya en junio al Congreso y se pidió tramitar por la vía de urgencia porque tenía que haber recibido luz verde en 2024, pero sigue varada en la Cámara Baja, en fase de enmiendas y sin acuerdos entre los grupos parlamentarios. Tampoco va a ser fácil porque los independentistas mirarán con mucho celo el trato que se dé a las lenguas cooficiales en materia audiovisual. Y la ley para crear la oficina de los derechos de autor ha llegado al Congreso ya con un aviso porque Junts estuvo a punto de tumbarla de inmediato con la presentación de una enmienda a la totalidad, que, finalmente, retiró a la última hora, pero ya supuso toda una declaración de intenciones.
También hay otra ley comprometida con Europa, de carácter social, que puede despertar las diferencias ideológicas: la ley por la que se reforman diversas normas para consolidar la equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Esa es una ley que ya quedó sin aprobarse en la pasada legislatura y generó muchas discrepancias porque el Gobierno trató de entrar en el fondo de la cuestión y la izquierda pidió acabar con la gestión privada de la sanidad, algo que las formaciones de derecha, como Junts, difícilmente acepten teniendo en cuenta el modelo de éxito de colaboración público-privada que se ha consolidado en Cataluña.
Además de estas cuatro leyes de las 32 que hay varadas en el Congreso, hay más iniciativas sensibles comprometidas con Europa, que también siguen prolongando su "vida" en la Cámara Baja: la ley de movilidad sostenible, que va a reabrir el "impopular" debate sobre los peajes porque el club comunitario exige un pago por el uso de las autovías; la del cliente financiero, que puede suponer una nueva fuente de tensiones en medio de la cruzada del Gobierno contra la banca; o, la de familias.
De hecho, la aprobación de muchas de esas leyes se ha ido posponiendo y el Gobierno ha conseguido ir capeando las exigencias de Bruselas, aunque, a medida que avanza el calendario de pagos, menos margen tiene para "procrastinar". Cabe recordar que los fondos europeos sirven para financiar reformas y proyectos que se efectúen entre febrero de 2020 y diciembre de 2026, por lo que todo lo que quede por hacer a partir de mediados de 2026 será dinero que se pierda, salvo que el Gobierno "renegocie" con Bruselas. El caso de la ley de movilidad sostenible puede ser reflejo de los problemas parlamentarios de este Gobierno ya que es una iniciativa que estaba comprometida inicialmente para ser publicada en el BOE, a más tardar, el 31 de diciembre de 2023, pero sigue lejos de haber obtenido luz verde en el Congreso.
