El Tribunal Constitucional (TC) tendrá que resolver si accede a la recusación que solicitó la Fiscalía para el magistrado José María Macías y lo aparta de la decisión sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, que está en manos de la corte de garantías en forma de recursos y cuestiones presentados por 12 regiones, tres parlamentos autonómicos y otro por cargos del PP en el Congreso y el Senado.
El Ministerio Público defiende que Macías debe echarse a un lado y no participan en la ponderación de la constitucionalidad de la amnistía al "procés" por haberse mostrado contrario a ella cuando era vocal en el anterior Consejo General del Poder Judicial. Este mes de enero que comienza será en el que el TC decida sobre la recusación, señala EP citando fuentes jurídicas.
Es la única aún pendiente de abordarse ya que en el caso del magistrado Juan Carlos Campo este decidió por propia iniciativa desvincularse de la decisión porque cuando era ministro de Justicia con el PSOE apuntó a que era "claramente inconstitucional" la amnistía en el marco del informe que presentó para defender la necesidad y arreglo a la legislación de conceder el indulto a los dirigentes condenados por el desafío soberanista catalán.
En el seno del Constitucional ya se descartó por mayoría que el propio presidente Cándido Conde-Pumpido y la magistrada considerada de tendencia progresista Laura Díez no participasen en la deliberación de la constitucionalidad de la norma impulsada por los socialistas, como exigió el PP alegando que la segunda había sido alto cargo de Moncloa.
Con lo que de momento participarían 11 de los 12 magistrados totales que conforman el tribunal en la decisión de si se ajusta al actual marco constitucional que se espera que se produzca en los próximos doce meses.
