La agenda política del año que ahora comienza seguirá mirando de reojo a los tribunales. Tras una frenética recta final de 2024 –con el inédito registro policial del despacho del fiscal general del Estado, la explosiva declaración ante el juez del empresario Víctor de Aldama, la tercera visita a los juzgados de Begoña Gómez o la comparecencia en el Tribunal Supremo del exministro José Luis Ábalos–, el calendario judicial de 2025 continuará siendo un quebradero de cabeza para el Gobierno de Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo –que ha redoblado sus ataques a los jueces, a quienes ve en connivencia con el PP para atacar al Gobierno– inaugura el año como despidió el anterior: con su esposa y su hermano imputados, con el fiscal general del Estado a un paso de declarar por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso y amenazado por la evolución del «caso Koldo», después de que Aldama involucrase a ministros y altos cargos socialistas en la supuesta trama de reparto de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.
Pero al margen de esa agenda judicial que trae de cabeza al Ejecutivo, el nuevo año vendrá acompañado de otras citas importantes. Será en 2025 cuando previsiblemente el Tribunal Constitucional (TC), de mayoría progresista, se pronuncie sobre la Ley de Amnistía, determinante para que los independentistas catalanes respaldaran la investidura de Pedro Sánchez. Menos habrá que esperar para conocer la nueva sentencia por el fraude millonario de los ERE, que tras anular el TC las iniciales condenas se traducirá en unas penas mínimas para los dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
Este 2025 llevará también ante el juez al exportavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón (lo hará el próximo día 16), denunciado por agresión sexual por la actriz Elisa Mouliaá. El nuevo año será asimismo el del juicio a la familia Pujol (comenzará en noviembre, cuando el expresident Jordi Pujol tendrá ya 95 años). Y permitirá comprobar el recorrido judicial de las denuncias contra Carlos Mazón y miembros del Gobierno valenciano por la gestión de la DANA (recientemente rechazadas por el TSJ de la Comunidad Valenciana a expensas de lo que suceda en los juzgados de instrucción).
Estas son, en definitiva, algunas de las principales investigaciones judiciales que marcarán los próximos doce meses, que se prevén de intensa actividad en los tribunales:
Begoña Gómez, en el foco
La investigación del juez Peinado a la esposa de Pedro Sánchez –imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida– seguirá adelante. Este mismo enero está prevista una batería de interrogatorios a testigos, entre ellos los dos vicerrectores de la Universidad Complutense en quienes descargó la responsabilidad sobre el desarrollo del software para empresas creado en el marco de su cátedra. Tras recibir por dos veces el aval de la Audiencia Provincial y ver cómo las querellas interpuestas contra él por Pedro Sánchez y Begoña Gómez eran desestimadas, Peinado seguirá al frente de una instrucción que previsiblemente se prolongará más allá del verano.
«Caso Koldo»
Tras las declaraciones de Ábalos, Aldama y Koldo García en el Supremo, la investigación pondrá aún más en el foco al exministro de Transportes una vez el Congreso conceda el suplicatorio para poder investigarlo penalmente. Lo más probable es que el instructor, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, ordene inspeccionar su móvil y examinar sus cuentas bancarias en busca del rastro del supuesto cobro de comisiones. Una prueba de fuego para el pacto de no agresión entre el Gobierno y quien fuera secretario de Organización del PSOE. El rumbo de la instrucción vendrá igualmente determinado por la deriva de las acusaciones del «conseguidor» de la supuesta red corrupta, Víctor de Aldama, que ha implicado a ministros y altos cargos del PSOE (como Ángel Víctor Torres y Santos Cerdán) en la trama de comisiones.
David Sánchez, ante la jueza
El hermano de Pedro Sánchez estrenará el año con su comparecencia como investigado en los juzgados de instrucción de Badajoz. Tras resistirse a esa citación ante lo que considera falta de indicios contra él –secundado, como Begoña Gómez, por la Fiscalía–, David Sánchez deberá explicar a la jueza Beatriz Biedma –que le investiga por tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude tributario– las circunstancias en que se produjo su contratación como alto cargo en la Diputación de Badajoz (su presidente, el socialista Miguel Ángel Gallardo, también está citado como imputado). La magistrada quiere esclarecer cuáles eran sus funciones, porqué se le permitió seguir trabajando desde Portugal sin tener concedido el teletrabajo y por qué se modificó su puesto –pasó de ser coordinador de conservatorios entre 2017 y 2022 a jefe de la Oficina de Artes Escénicas– sin que mediara concurso alguno.
Investigación a García Ortiz
La instrucción de la causa por revelación de secretos que mantiene investigado al fiscal general también recibirá un espaldarazo en los próximos días con la declaración como testigos de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, del fiscal del caso y de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que ha puesto su móvil a disposición del instructor, lo que puede acelerar la citación como investigado de Álvaro García Ortiz, una situación inédita para la Fiscalía General del Estado.
El TC y la Ley de Amnistía
El nuevo año vendrá igualmente marcado por la decisión que tome el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía, recurrida por el PP y varias autonomías gobernadas por los populares, así como por el Tribunal Supremo y el TSJ de Cataluña. Si la mayoría progresista de la corte de garantías, presidida por Cándido Conde-Pumpido, avala su constitucionalidad, se abriría de par en par la puerta para el regreso a España de Carles Puigdemont y se despejaría el camino para que el líder de ERC, Oriol Junqueras, pueda ser de nuevo candidato (aunque fue indultado y salió de prisión, sigue estando inhabilitado).
