El Estado peruano es un Estado fallido, incapaz de garantizar su funcionamiento, servicios básicos y una vida sin violaciones de derechos humanos a su población, especialmente a las mujeres; aunque a decir de algunos, este Estado todavía conserva su capacidad represiva, lo que lo colocaría en uno de institucionalidad gravemente afectada.
El desarrollo neoliberal, sin regulaciones adecuadas ni capacidad real para fiscalizar y sancionar, no ha logrado transformarse en una posibilidad de vida digna para las personas. Vivimos en un microcosmos de feroces contradicciones. Mientras más crece el PBI, asistimos al crecimiento de todo tipo de violencias, empezando por la feminicida con su extremada crueldad, la sextorsión y la “sicariatización” de la sociedad, donde cualquier conflicto se resuelve aniquilando al rival; la ingobernabilidad, la corrupción, la presencia de economías criminales e ilegales y la ingobernabilidad de los territorios.
Las estadísticas registran una mayor presencia de mujeres en ocupaciones precarias, pero baja en puestos de decisión; acoso sexual en lo laboral, la educación y la política. Todo ello en un contexto en que el Congreso se niega a legislar sobre un sistema de cuidados que permita contar con servicios esenciales de cuidados (guarderías, escuelas con jornada extendida, casas para adultos mayores) y una corresponsable división sexual del trabajo.
No importa cuántos presidentes y Congresos se sucedan, cada vez más se apuesta por el control de nuestras vidas. Este año nos arrebataron a las mujeres la posibilidad de ser nombradas por el lenguaje inclusivo, instruidas y prevenidas con la educación sexual integral, y la opción de maternar con anticoncepción y aborto. Mientras más se amplía el poder del Congreso, más crece el desequilibrio entre poderes y menos alternativas se construyen para la igualdad real de las mujeres, porque lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres.
