Un tribunal penal de Ecuador ordenó el martes prisión preventiva para 16 militares que son investigados por la presunta desaparición forzosa de cuatro adolescentes, lo que ha generado conmoción en el país y preocupación entre organismos internacionales, informó la Fiscalía.
«Con base en los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada», señaló el ente acusador a través de su cuenta en la red social X.
La Fiscalía acusó al grupo de soldados, que ya estaba bajo custodia militar, del delito de desaparición forzosa, sancionado con hasta 26 años de cárcel, según el código penal ecuatoriano.
El tribunal del puerto de Guayaquil celebró una audiencia en la que la Fiscalía formuló cargos contra los 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que son investigados por la desaparición tras haber detenido a los adolescentes de entre 11 y 15 años el 8 de diciembre por un presunto robo.
Los militares sostienen que poco después de arrestarles, dejaron en libertad y en buenas condiciones a los menores, quienes desde entonces están desaparecidos.
Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo fueron detenidos en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, una de las principales ciudades golpeadas por la violencia del narcotráfico y donde el gobierno mantiene desplegadas en las calles a las Fuerzas Armadas.
El 24 de diciembre, después de que la justicia civil determinara que hubo una «desaparición forzada» de los adolescentes, cuatro cuerpos calcinados fueron encontrados en una zona de manglares cercana a la base de la FAE en la localidad de Taura, en las afueras de Guayaquil, y a la que pertenece la patrulla.
Las autoridades aún no han informado si los cuerpos hallados fueron identificados.
Decenas de familiares, vecinos y activistas de derechos humanos realizaron desde temprano un plantón fuera de la corte para reclamar justicia por la desaparición de los adolescentes que salieron de sus casas para jugar fútbol.
Los manifestantes lanzaban gritos de protesta portando carteles con leyendas como «vivos los queremos ya».
Una mujer exhibió un monigote de cartón del presidente Daniel Noboa con huellas de manos ensangrentadas en su rostro, que fue quemado. «Noboa asesino», decía otro cartel.
El comandante de la FAE, Celiano Cevallos, expresó el lunes ante la comisión parlamentaria de la Niñez en Quito que «el personal militar habría actuado (…) ante un presunto delito flagrante», en alusión a un supuesto robo en curso que detectó la patrulla militar que brindaba apoyo a agentes del aduanas.
«No se dispuso ninguna operación (militar) en el sector de Las Malvinas», añadió.
Organismos de la ONU y la OEA, así como oenegés internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por el caso.
Unas 40 organizaciones sociales responsabilizaron a Noboa por las «graves violaciones a los derechos humanos» registradas en 2024, en el marco de su lucha contra el crimen organizado que le llevó a declarar a principios de año al país en conflicto armado interno, movilizando a los militares a las calles.
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