A pocas horas de iniciarse el nuevo año, solemos hacer un alto para revisar los objetivos personales en un contexto político y económico determinado. Esa perspectiva nos ayuda a definir las metas para el año venidero y considerar los profundos cambios que se requieren para obtener los resultados esperados.
Básicamente, en el 2025 requerimos más y mejor democracia y dar marcha atrás a todas las iniciativas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que han lesionado profundamente la vigencia de los valores ciudadanos en el último año. Transparencia Internacional señala que son 20 leyes, que promueven la corrupción y desalientan la lucha contra el crimen organizado, las que ha dado el Congreso en este año. Con el aval silencioso de un Ejecutivo cómplice y genuflexo.
El otro gran tema es la seguridad jurídica; es decir, el retorno de la estabilidad para la inversión, que produzca confianza y que premie las buenas prácticas empresariales, pero que también sea capaz de generar un entorno adecuado para la inversión.
Tampoco es posible que los empresarios se vean obligados a financiar con partidas especiales y onerosas su propia seguridad, debido a que el régimen de Dina Boluarte es incapaz de ofrecer a los peruanos en general, y a los pequeños y medianos empresarios en particular, un país sin extorsiones, sicariato, crimen organizado y toda clase de acciones de violencia que se han hecho cotidianas.
Como lo dijo en entrevista con La República un dirigente empresarial, este diciembre ha resultado peor que el del año pasado. Hemos decaído en múltiples aspectos de la vida política, social y económica, y esta ola que está arrasando la institucionalidad democrática peruana parece que no terminará en el 2024.
Siendo el 2025 un año determinante por las elecciones que se avecinan, se requiere de una ciudadanía más activa y crítica y una participación mayor de la población en la defensa de la democracia y en la lucha contra la impunidad.
