El derrame de petróleo ocurrido en la provincia de Talara (Piura), el pasado 21 de diciembre, configura un nuevo desastre ambiental, esta vez en la costa norte peruana. La responsable es la empresa estatal Petroperú. A la fecha, ya son 10.000 metros cuadrados de mar afectados, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y cinco playas contaminadas del distrito de Lobitos. Lo preocupante de todo esto es que la experiencia y los antecedentes de nuestro país frente a estas emergencias socioambientales no son los mejores. Las declaraciones de Óscar Vera, gerente general de Petroperú, quien afirmó que todo está “totalmente limpio, y las aguas completamente cristalinas”, nos dan cuenta de un patrón, por parte de las empresas responsables, que busca minimizar los daños y la magnitud del desastre, lo que refuerza la desconfianza de la población local hacia la empresa y hacia el Estado. No olvidemos que nuestros recursos naturales han sido los más olvidados por la clase política durante este contexto de degradación democrática e institucional.
El derrame de hidrocarburos no solo ha afectado la flora y fauna marina, sino a toda una cadena de actividades económicas que dependen de ello: pesca artesanal, turismo y comercio. Debemos ser conscientes de que recuperar ese equilibrio ambiental y social tomará años o quizá décadas.
Esperamos que este caso no se sume a los muchos que quedan impunes y en el olvido. Es urgente que todas las instituciones involucradas, tanto Estado como empresa, realicen un proceso transparente y una gestión eficaz que garantice, en primer lugar, la limpieza y remediación del ecosistema marino afectado, así como sanciones ejemplares para los responsables, y la reparación para las comunidades locales. Para ello es importante que la población tenga voz propia y sea un sujeto activo en el proceso de toma de decisiones. La investigación exhaustiva, la información oportuna, el diálogo efectivo y la vigilancia serán herramientas fundamentales.
