Incertidumbre. Esa es la sensación que prima respecto al proyecto minero-portuario Dominga, a escasas horas de que se cumpla el plazo que estableció el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta para que el Comité de Ministros vuelva a pronunciarse sobre la iniciativa.
Los secretarios de Estado tienen hasta este martes 31 de diciembre para sesionar. Esto, luego de un último revés para el Gobierno, que a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), había pedido al tribunal ambiental que suspendiera los efectos del fallo que declaró como ilegal el actuar del Comité de Ministros.
Sin embargo, este lunes la vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, señaló que aún se está a la espera de un pronunciamiento de Contraloría, pues el SEA solicitó a este organismo entregar directrices sobre quiénes deberían formar parte del nuevo Comité de Ministros.
Lo anterior, dado que todos los integrantes del comité liderado por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se inhabilitaron y no está claro quiénes deberían reemplazarlos: o los subsecretarios de las distintas carteras u otros ministros del gabinete del Presidente Gabriel Boric.
“El Comité de Ministros sesionó. En esa ocasión y con objetivo de cumplir el fallo se reunieron los ministros que están determinados en la ley, con una presidencia determinada en la ley y lo que se vio durante esa sesión era que todos los secretarios de Estado que participan de ese comité se encontraban inhabilitados por haberse pronunciado respecto del caso con anterioridad”, recordó la ministra Etcheverry.
“Eso nos dejó en una situación que es necesario resolver, que es la pregunta de cómo se compone ese Comité de Ministros y cuál es su presidencia, entendiendo que no necesariamente aplican las reglas de subrogancia habituales. Es por eso que el conducto regular para hacer aquello es consultar a la Contraloría”, explicó.
La ministra Aisén Etcheverry durante su vocería en La Moneda.
Desde la oposición, el llamado fue a acatar el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta a la brevedad y se sostuvo, contrario a lo señalado por el Gobierno, que no es necesario esperar un pronunciamiento de la Contraloría para actuar.
De acuerdo al senador de la UDI y presidente de la Comisión de Medioambiente, Sergio Gahona, lo único que podría cambiar el escenario sería un pronunciamiento de la Corte Suprema, instancia a la que el SEA también recurrió para anular el fallo del tribunal ambiental.
“El Comité de Ministros que tiene que sesionar mañana tiene que estar integrado por los subsecretarios que corresponden a las circunstancias legales o quienes hayan definido como subrogantes legales. Yo no veo mayor problema en que mañana haya Comité de Ministros”, dijo Gahona.
Desde el oficialismo, se respaldó la tesis del Gobierno de que no está claro quien debe subrogar. El diputado, jefe de bancada del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Medioambiente, Daniel Melo, afirmó que se está a la espera “de que la respuesta de la Contraloría permita dilucidar lo antes posible las inhabilidades y conformación” de la instancia ministerial.
Asimismo, estimó que el “proyecto minero portuario Dominga, debería rechazarse, tomando en cuenta las reclamaciones de la ciudadanía y los informes técnicos de los organismos especializados”.
También hubo pronunciamientos desde el centro político. El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja y militante de Demócratas, Víctor Pino, instó, a propósito del caso Dominga, a realizar cambios en el sistema de evaluación medioambiental, para que tengan menos poder las instancias de decisión política.
A juicio de Pino, “no es posible que una decisión de esta magnitud con impacto directo en la economía y el empleo en la Región de Coquimbo, siga atrapado en un limbo burocrático, mientras las familias y comunidades afectadas esperan por respuestas concretas”.
“Creo que es fundamental avanzar hacia un sistema donde las decisiones sobre proyectos de esta envergadura sean técnicas y no políticas. Lamentablemente, la abierta oposición del Presidente Boric y el antecedente de un rechazo político previo, dejan entrever que el resultado ya está decidido, sin importar quienes integren el nuevo Comité. Esto no solo pone en entredicho la credibilidad del proceso, sino que también priva a nuestra región de oportunidades laborales y de desarrollo”, indicó.
