El panorama migratorio en Estados Unidos enfrenta un momento crítico con la llegada de 2025 y la próxima administración de Donald Trump. Entre las propuestas más controvertidas se encuentra el plan de deportaciones masivas que busca expulsar hasta 11 millones de inmigrantes. En este contexto, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) está evaluando la apertura de un nuevo centro de detención en el norte de California, diseñado para albergar entre 850 y 950 personas. Esta decisión genera incertidumbre y preocupación en las comunidades migrantes del estado.
California, hogar de una de las mayores comunidades inmigrantes del país, ha mantenido históricamente una postura de resistencia frente a políticas migratorias estrictas. Sin embargo, la apertura de nuevos centros de detención refuerza las intenciones de implementar medidas más agresivas bajo la administración de Trump. Grupos defensores de derechos humanos han expresado su alarma ante estas decisiones y han advertido sobre un aumento en el riesgo de abusos y condiciones precarias dentro de estas instalaciones.
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Según documentos federales, el ICE está buscando espacios públicos o privados en un radio de dos horas de San Francisco que puedan albergar entre 850 y 950 detenidos. Esta instalación serviría como parte del plan para aumentar la capacidad de detención en un 10%. Este incremento permitiría procesar a más personas bajo las nuevas políticas migratorias. La agencia también evalúa abrir centros adicionales en ciudades como Phoenix, El Paso y Seattle.
El estado de California ya enfrentó intentos anteriores para ampliar las instalaciones del ICE durante la primera administración de Donald Trump. Sin embargo, fallos judiciales respaldaron al gobierno federal y permitieron la apertura de ciertos centros. Estas nuevas propuestas han intensificado las críticas sobre las condiciones en estos lugares, respaldadas por denuncias de negligencia médica, abusos y represalias hacia los detenidos.
Asimismo, los centros de detención administrados por ICE han estado en el centro de la polémica por las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes. Informes recientes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han documentado cientos de quejas, incluidas acusaciones de abusos sexuales, negligencia médica y condiciones insalubres en instalaciones de California. La predominancia de empresas privadas en la gestión de estos centros ha sido cuestionada, ya que se percibe que priorizan el lucro sobre el bienestar de los detenidos.
El Proyecto 2025 de Donald Trump representa una intensificación en el control migratorio, con medidas que incluyen el uso de recursos gubernamentales y fuerzas militares para facilitar las deportaciones masivas. Además, se planea eliminar programas clave como DACA, Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Parole Humanitario, que hasta ahora han brindado protección a millones de inmigrantes.
Organizaciones de derechos humanos y figuras legales como Nicolette Glazer alertan que la expansión de estos centros de detención podría facilitar el cumplimiento de las promesas de campaña de Trump. No obstante, siguen existiendo interrogantes sobre el financiamiento de este plan y su impacto real en las comunidades afectadas.
