En Corea del Norte, el divorcio, aunque permitido, ha sido objeto de duras políticas bajo el régimen de Kim Jong-un. Ahora, las parejas que deciden separarse enfrentan una medida extrema: ser enviadas a campos de trabajo forzado. Esta decisión surge como parte de una estrategia para combatir la baja natalidad, que el régimen considera una amenaza para la estabilidad del país y los valores socialistas.
Según informes de medios como Radio Free Asia y Daily North Korea, esta nueva política se implementó en diciembre. Previamente, solo uno de los cónyuges –generalmente quien solicitaba el divorcio– era enviado a estos campos. Sin embargo, desde este mes, ambos integrantes de la pareja divorciada deben cumplir con esta sanción, descrita por el gobierno como una forma de "expiar sus crímenes" y promover la "reeducación".
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Un residente de un condado norcoreano relató cómo una pareja fue trasladada a un campo laboral poco después de formalizar su divorcio ante el Tribunal Popular local. Este cambio en la normativa refleja un endurecimiento general de las políticas familiares en Corea del Norte, donde las autoridades han intensificado las medidas para reducir la tasa de divorcios, considerada un fenómeno antisocialista.
Testimonios recogidos por Radio Free Asia indican que las sanciones afectan de manera desproporcionada a las mujeres. En un caso reportado, una mujer que cumplió tres meses de reclusión señaló que las mujeres enfrentan penas más severas que los hombres, representando el doble de prisioneras en ciertos campos. Estas cifras ilustran un panorama de inequidad y violencia de género en Corea del Norte, en el que las mujeres no solo son castigadas por divorciarse, sino que además reciben sentencias más largas.
La crisis de natalidad en Corea del Norte es una preocupación central para Kim Jong-un, quien ha vinculado el aumento de divorcios con una menor tasa de nacimientos. Según el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, el 28.7% de las mujeres que escaparon del país reportaron estar divorciadas, en comparación con el 15.2% de los hombres.
El régimen ha respondido con campañas propagandísticas que promueven la armonía familiar bajo el lema: "Eliminemos el fenómeno del divorcio y construyamos familias fuertes, las células de la sociedad". Estas acciones incluyen desde la expulsión de funcionarios divorciados del Partido de los Trabajadores hasta la implementación de medidas punitivas como la reclusión en campos de trabajo forzado.
Factores como la pandemia de COVID-19 han agravado la situación, incrementando los conflictos familiares debido a la presión económica y social. Este fenómeno ha expuesto las fallas estructurales de las políticas del régimen, que prioriza el control sobre las soluciones reales para los problemas de la población.
