Ubicado en el corazón de Sudamérica, este país pequeño en extensión, pero grande en logros sociales y económicos tiene el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita más alto de la región y el segundo mayor de América Latina, solo superado por Panamá. Además, lidera el Índice de Democracia en la región, ocupando el puesto 14 a nivel mundial y destaca en el Índice de Desarrollo Humano, que mide factores como la educación, la esperanza de vida y el ingreso. Sin embargo, a pesar de estas cifras que reflejan desarrollo y prosperidad, enfrenta un fenómeno peculiar: un alto porcentaje de su población prefiere migrar al extranjero.
Con un PIB per cápita de $34.440, Uruguay se encuentra en la cima de América Latina junto a Panamá, que ostenta un ingreso per cápita de $41.292 dólares, según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este indicador refleja un nivel de ingreso promedio elevado, que se traduce en una alta calidad de vida en comparación con otros países de la región. Sin embargo, este número también impacta en el costo de vida y un mercado interno limitado, que afecta especialmente a las generaciones más jóvenes.
A diferencia de otras naciones sudamericanas que enfrentan problemas de gobernabilidad o economías inestables, Uruguay cuenta con un entorno político sólido y servicios públicos de calidad. Este país es reconocido como el más democrático de Sudamérica, según el Índice de Democracia elaborado por la revista The Economist. En el ranking global, supera incluso a países desarrollados como Japón, Reino Unido, Francia y Estados Unidos.
El fenómeno migratorio tiene un impacto significativo en la demografía del país. Se estima que 600.000 uruguayos, el equivalente al 17% de la población total, viven en el extranjero. Este porcentaje es uno de los más altos de la región y plantea desafíos democráticos, debido a que los uruguayos residentes en el extranjero no pueden votar en las elecciones nacionales.
Una de las particularidades culturales de Uruguay es que no celebra oficialmente la Navidad desde 1860. En lugar de esta festividad, el 25 de diciembre se conmemora el "Día de la Familia". Esta tradición tiene sus raíces en una decisión del expresidente José Batlle y Ordóñez, quien buscaba promover un estado laico y evitar la influencia de celebraciones religiosas en el ámbito público.