La gestión del ministro del Interior, Juan Santiváñez, asumirá el costo de S/775.000 por la defensa legal de los presuntos miembros del Escuadrón de la Muerte, grupo que habría asesinado extrajudicialmente a 33 delincuentes en Lima y provincia entre 2012 y 2016.
El cabecilla de esta banda, según el Poder Judicial, es el comandante en retiro de la PNP, Raúl Prado Ravines, a quien se le atribuye dirigir operativos policiales simulados para conseguir nombramientos, reconocimientos y ascensos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
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Actualmente, Prado Ravines se encuentra prófugo de la justicia y en la lista de 'Los más buscados' por la PNP, por el que se ofrece S/100.000 como recompensa por información para dar con su paradero; sin embargo, el Mininter pagará la defensa legal por S/50.000.
De acuerdo con la tesis fiscal, el escuadrón de la muerte preparaba falsos escenarios criminales para poder realizar operativos policiales que se encargarían de emboscar a los agraviados y disparar contra ellos en los que se aseguraba su muerte. Esto los llevaría a tener publicidad ante la opinión pública en los que presentaban "operativos exitosos y la desarticulación de una organización criminal", lo que haría que se exalte la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP).
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Todo esto lo provocaban con el fin de obtener incentivos de su institución como felicitaciones, condecoraciones y ascensos.
De acuerdo con la información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), la cartera del Interior convocó a concurso público para obtener la buena pro de la asesoría legal de, al menos, 15 efectivos policiales, quienes vienen siendo investigados por el presunto delito de homicidio calificado.
Entre los principales beneficiados por el Ministerio del Interior dirigido por Juan José Santiváñez están el comandante general de la PNP en retiro, Marco Jara Ulrich y los suboficiales en retiro Eduardo Miguel León Arroyo, Fernando Chuquisengo Salas.
De igual manera, otro favorecido por el Mininter para costear su defensa legal es el suboficial en actividad, Félix Montalvo Guevara, el exchofer del vehículo presidencial de Dina Boluarte, investigado por el caso "El Cofre"
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Las convocatorias se sustentan en el Decreto Supremo N° 022-2008-DE/SG, en el que se establece que es el Ministerio de Defensa e Interior los que brindan la defensa legal a miembros de las Fuerzas Armadas y PNP en situación de actividad o retiro, que se encuentren involucrados en investigaciones contra los derechos humanos "en el ejercicio regular de sus funciones".
El nombre que más resalta entre la lista de beneficiados es el de Félix Montalvo Guevara, exchofer de la unidad presidencial de Dina Boluarte, quien aún no asiste a la Comisión de Fiscalización del Congreso a declarar por el caso 'El Cofre'. Su defensa le costará al Estado S/50.000 y estará a cargo de Abanto Verastegui, Arce Abogados S. Civil de R.L.
A continuación, se detalla la lista de beneficiados, puestos, abogados y montos que asumirá el Gobierno.
| Investigado | Puesto | Abogados | Monto S/ |
| Eduardo Miguel León Arroyo | Suboficial de primera de la PNP | Bustamante Montalvo Edwin Joel | 60.000 |
| Nolberto Fernández Heredia | Técnico de primera de la PNP | Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada | 50.000 |
| Marco Jara Ulrich | Comandante de la PNP | Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada | 50.000 |
| Rudy Orlando Herrera | Técnico de segunda de la PNP | Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada | 50.000 |
| Williams Smith Castaño Martínez | Técnico de segunda de la PNP | Bustamante Montalvo Edwin Joel | 65.000 |
| Fernando Chuquisengo Salas | Suboficial de primera de la PNP en retiro | Bustamante Montalvo Edwin Joel | 60.000 |
| Félix Enrique Montalvo Guevara | suboficial de primera de la PNP | Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada | 50.000 |
| Edgardo Alex Vilela Mandujano | Suboficial de primera de la PNP | Bustamante Montalvo Edwin Joel | 60.000 |
| Miguel Barrios Ramírez | Suboficial técnico de segunda de la PNP | Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada | 50.000 |
| Jorge Kristopher Guerrero | Suboficial de primera de la PNP | Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada | 50.000 |
| Luis Alberto Mio Morocho | Suboficial brigadier de la PNP | Bustamante Montalvo Edwin Joel | 50.000 |
| Oscar Martin Sierra Córdova | Suboficial técnico de primera de la PNP | Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada | 60.000 |
| César Cutti Sueldo | Suboficial brigadier de la PNP | Bustamante Montalvo Edwin Joel | 60.000 |
| Martín Manuel Quispe Medrano | Suboficial superior de la PNP | Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada | 60.000 |
El caso más llamativo por el que el Ministerio del Interior pagará la defensa legal es el de Raúl Prado Ravines, quien es acusado por ser el cabecilla del Escuadrón de la Muerte por los delitos de homicidio calificado. Prado Ravines se encuentra en la lista de los más buscados y se ofrece por él S/100.000; sin embargo, el Mininter ha dispuesto pagar S/50.000 al estudio de abogados Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.
Otro detalle que llama la atención es que, según el artículo 5 del DS N°022-2008-DE/SG, es la Comisión de Defensa Legal del Mindef la que analiza las solicitudes para ver si se acepta o se rechaza el pedido de algún involucrado. No obstante, si un procesado es hallado culpable, deberá reembolsar el dinero abonado por su defensa legal.
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La República se comunicó con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para que pueda brindar su descargo sobre el pago de la asesoría legal de los efectivos policiales y destacó que el beneficio de la defensa está prevista en la ley desde el año 2008.
"La defensa legal de un efectivo policial que sea incriminado en un proceso por delito de lesa humanidad es un derecho que está previsto en la ley. No conozco los pormenores de los procesos porque no es mi función, sino que depende de una comisión que evalúa la solicitud y emite la resolución viceministerial. En todo caso, como te repito, el beneficio de la defensa está en la ley desde el año 2008, y es un derecho que no se puede negar al personal policial y militar", declaró.
