El pasado 24 de diciembre se cumplieron 20 años desde la publicación de la Ley Valech. Una iniciativa que ha sido materia de debate, debido al secreto de 50 años respecto a los antecedentes aportados en la Comisión Valech I, lo que ha impedido el acceso a su contenido, incluso para al Poder Judicial.
Al respecto, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la ex subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, sostuvo que “los 20 años que han transcurrido han sido 20 años en los cuales, en la práctica, la posibilidad de acceso a justicia para las personas que fueron calificadas como sobrevivientes de prisión política y tortura, han tenido un efecto lamentable”.
Oberreuter planteó que el porcentaje de personas calificadas por la Comisión Valech I es menos del 2% de un total de más de 30 mil. “Obviamente en 20 años, personas que ya habían esperado prácticamente dos décadas para que operara la primera comisión de verdad, han tenido que enfrentarse a la enfermedad, a la ancianidad, a la muerte, a la impunidad”, lamentó.
“Y a la enorme dificultad que ha representado para todos aquellos que han tenido que ir a buscar sus testimonios y llevarlos a los tribunales, cuando en realidad este es un acto que debiera haber ocurrido como parte de un proceso de verdad y justicia debidamente normado y funcionando bajo el apoyo del propio Estado”, agregó la exsubsecretaria.
En cuantos a los avances del eventual secreto de la comisión, Oberreuter expresó que éste ha sido nulo. “Podría hablar de múltiples iniciativas, pero en la práctica no se ha avanzado. Y no se ha avanzado porque desde los miembros de la ex-Concertación en su momento, lo que se planteó es que esto se había realizado por el bien de las personas, para mantener a resguardo la intimidad y privacidad, y por lo tanto estaba bien que fuera así”, explicó.
En la instancia, la actual consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos reiteró las críticas hacia el establecimiento del secreto de la Comisión Valech ya que, en sus palabras, se hizo “sin tener conocimiento de que el Estado iba a actuar de esa manera”. Además, fue tajante al indicar que “sin duda alguna” el secreto favorecía a los victimarios y no a las víctimas. “Bien podrían hacer su trabajo los jueces si el secreto no rigiera. Si automáticamente hubieran pasado estas informaciones de 30 mil personas calificadas a tribunales. Una realidad diferente la que tendríamos”, afirmó.
“Es tiempo de que se levante ese silencio y que los tribunales puedan acceder (al secreto), tal como lo han indicado organismos nacionales, internacionales, de la más diversa índole, que obligan al Estado de Chile a tomar cartas en este asunto y resolverlo de una vez. Es un acto indispensable de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición”, remarcó Oberreuter.
