Poder Judicial ordena embargo de bienes a exministro Willy Huerta por caso golpe de Estado
El Poder Judicial declaró fundada la solicitud de la Procuraduría General para embargar los bienes del exministro de Pedro Castillo, Willy Huerta Olivas, en el marco de la investigación por el presunto delito de rebelión relacionado con el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Según la resolución emitida por el juez Juan Carlos Checkley el 28 de diciembre, ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición por la suma de S/2.287.271,11 sobre los derechos y acciones de los ocho bienes inmuebles que se encuentran bajo la propiedad de Huerta.
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Asimismo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria consideró que se cumplían los presupuestos legales necesarios para imponer medidas, ya que se busca garantizar el pago de la reparación civil, que asciende a más de 67 millones de soles, en caso de que se confirme la culpabilidad del exministro del Interior.
En septiembre de este año, el Poder Judicial decidió declarar infundada la solicitud de admisión de medios probatorios presentada por la defensa legal de Huerta Olivas debido a que la solicitud fue presentada fuera de plazo.
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¿De qué se le investiga al exministro de Pedro Castillo?
Willy Huerta Olivas, exministro del Interior, es investigado por su presunta participación como coautor del delito de rebelión en agravio del Estado. Según tesis fiscal, está relacionado con el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
Durante este hecho, Huerta habría estado presente en Palacio de Gobierno, junto con otros funcionarios como Betssy Chávez, Aníbal Torres y Gustavo Bobbio (quienes también se encuentran dentro de la investigación), mientras se preparaba y transmitía el mensaje del expresidente anunciando la instauración de un "gobierno de excepción".
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Tal como lo informó La República, fuentes de Palacio de Gobierno revelaron que se habrían desempeñado roles activos en la planificación y ejecución del anuncio de Castillo Terrones. Es por ello que la Fiscalía ha solicitado una pena de 25 años de prisión para Huerta, así como su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cargos públicos.