Alrededor de 80.000 personas se manifestaron de nuevo el domingo en Valencia para denunciar la gestión por parte de las autoridades de las mortales inundaciones que hace dos meses afectaron al sureste de España, constató un periodista de la AFP.
La manifestación, que reunió a cerca de «80.000 personas», según la Delegación del Gobierno español en Valencia, desfiló al final de la tarde por el centro de la ciudad de Valencia con pancartas como «Mazón, dimisión», en referencia al presidente conservador de la región de Valencia, Carlos Mazón.
Dos meses después de las trágicas inundaciones del 29 de octubre, que causaron 231 muertos, según el último balance de las autoridades, de las cuales 223 solo en la región valenciana, el enfado de la población no disminuye. Cuatro personas siguen desaparecidas.
Al grito de «asesino» o «criminal», miles de manifestantes se reunieron convocados por varias organizaciones locales y sindicales, para reclamar la dimisión de Mazón.
La protesta estaba encabezada por decenas de tractores que ayudaron a los afectados a limpiar el barro y los coches destrozados amontonados en las calles, arrastrados por la corriente.
Se trata de la tercera manifestación en Valencia después de las del 9 y el 30 de noviembre, que reunieron respectivamente a 130.000 personas y 100.000, según la Delegación del Gobierno.
Las víctimas de la catástrofe reprochan al ejecutivo regional que no avisó a los habitantes con suficiente tiempo del peligro de las lluvias torrenciales, pese a que la agencia nacional de meteorología alertó temprano por la mañana.
También reprochan a las autoridades la tardanza en desplegar a los servicios de emergencia.
En España, país descentralizado, la gestión de las catástrofes es competencia de cada región, pero el poder central puede proporcionar medios e incluso asumir el mando en casos extremos.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se acusan mutuamente de los fallos en la gestión de esta catástrofe histórica.
El Tribunal Superior de Justicia de la región rechazó las denuncias contra Mazón por su gestión de las inundaciones, declarando que no tenía competencia en el asunto, y precisó que los denunciantes podían solicitar una investigación preliminar ante un juez de instrucción.
Las inundaciones provocaron importantes daños en cerca de 80 ciudades y numerosos habitantes siguen luchando por volver a la normalidad.
En Paiporta, municipio considerado como el epicentro de la tragedia, solo el 20% de los comercios ha reabierto, según la cámara de comercio de la Comunidad Valenciana.
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