La ejecución de los fondos de recuperación europeos empieza a dar signos de parálisis. Pese a que la Unión Europea ha realizado ya cuatro desembolsos del Plan de Recuperación (PRTR) y aprobado el quinto, el dinero ha ralentizado su salida hacia sus destinatarios finales. Según datos del Ministerio de Hacienda, una vez España reciba los 25.000 millones del quinto desembolso, el país habrá obtenido 56.000 millones en transferencias –lo que supone un 70% del total previsto– y 16.000 millones en préstamos –un 20% del total–. De las transferencias recibidas hasta el tercer trimestre –el último completo–, se han resuelto poco más del 15% de las convocatorias de los Next Gen para este año y se ha reducido a la mitad el ritmo de ejecución, con el 63% de las convocatorias de fondos previstas para este año. Además, los préstamos asignados del Plan de Recuperación siguen sin cuajar, lo que confirma el enfriamiento de la inversión privada. De los más de 83.000 millones de euros para créditos en condiciones ventajosas concedidos a España, apenas se han comprometido vía convenios para 32.400 millones , hasta un exiguo 39%. Asimismo, están pendientes de ejecutar alrededor de 25.000 millones del paquete destinado a subvenciones adscritos al Plan, de los que 11.000 millones pertenecen a convocatorias pendientes de ser lanzadas y otros 14.000 millones de euros son remanentes sin adjudicar en los últimos tres años.
A falta de las cifras del último trimestre, y cuando faltan 24 horas para la conclusión del año, los fondos comprometidos como parte de la Adenda –con cierre del tercer trimestre– alcanzaron los 32.414 millones de euros, apenas el 39% del total asignado para España, una cuantía que se eleva a 83.140 millones. Pero lo más preocupante es que el volumen de licitaciones de la Administración General del Estado (AGE) alcanzó hasta septiembre los 1.945 millones de euros, un 49% menos que el mismo periodo del año anterior
–cuando llegó a los 3.836 millones–. Una situación que se repite en las comunidades autónomas, cuyas administraciones han visto reducirse el ritmo de transferencias a solo una cuarta parte de lo transferido en el mismo período de 2023, hasta los 1.204 millones este año, frente a los 4.356 millones de 12 meses antes. Además, respecto al cumplimiento de la previsión de convocatorias para 2024, únicamente el 63% del total de convocatorias previstas para este año ha sido publicado, cuando este porcentaje debería haber llegado al 75% hasta el tercer trimestre.
Lo muestran los datos del último informe de seguimiento de la ejecución del PRTR elaborado por la consultora LLYC, que dejan el índice de resolución de los fondos en un exiguo 15,65%, frente al 28% del mismo periodo del año anterior, lo que significa que se ha reducido casi a la mitad, ya que en el mismo periodo de 2023 se produjo el lanzamiento de convocatorias con importes muy elevados, sobre todo las relacionadas con el hidrógeno o la cadena de valor de las renovables. En la parte de los fondos reembolsables –correspondientes a préstamos de la Adenda– falta por concretar la distribución de 20.000 millones de euros en préstamos del Fondo Autonómico, ya que en lo que llevamos de 2024 se han destinado a la dotación de las convocatorias estatales 7.305 millones de euros, con un volumen de licitaciones considerablemente menor que el registrado hace un año.
También existe retraso en el cumplimiento de la previsión de convocatorias para 2024, ya que hasta al final de septiembre solo habían sido publicadas el 63% del total de convocatorias previstas para este año, cuando este porcentaje debería haber llegado al 75% para este periodo. Los analistas de LLYC indican que para cumplir las previsiones durante el último trimestre de 2024 debería registrarse «un significativo aumento en el ritmo de convocatorias lanzadas por la AGE». Además, han detectado algunas pendientes, inicialmente previstas para el primer semestre de 2024, pero que no han sido lanzadas ni traspasadas a la previsión del segundo semestre, que dudan si podrán ver la luz este año. Entre estas, destaca la de Cadena de Valor del Hidrógeno, con una dotación de 400 millones de euros.
En cuanto a la ejecución de los fondos, el informe apunta que la acumulación del lanzamiento en el segundo semestre de convocatorias con importes muy elevados –sobre todo las relacionadas con el hidrógeno o la cadena de valor de las renovables–, así como los extensos plazos de resolución de muchas convocatorias, «han ralentizado el ritmo de ejecución de los fondos en comparación con el año anterior –el índice de resolución en 2024 es de un 15,65%, frente al 28% del mismo periodo de 2023–. El uso de la concurrencia no competitiva en grandes convocatorias, como el Perte VEC y el Perte de Descarbonización, está alargando los tiempos de resolución final de esas convocatorias», aunque se está logrando únicamente una «mejora relativa de la tasa de adjudicación por las resoluciones parciales».
Al menos en el apartado de subvenciones se ha conseguido llegar a la misma altura de 2023, tras haberse comprometido 10.454 millones, lo que representa el 62,24% del total, destinados principalmente a iniciativas sobre energías renovables, descarbonización industrial, digitalización, infraestructuras sostenibles e innovación tecnológica. La mayor parte de estos fondos no reembolsables se dirigieron a la dotación de las convocatorias principalmente estatales, concretamente 7.305 millones de euros, un 1,15% más que los 7.222 millones para el mismo periodo de 2023. Pero todavía queda pendientes “convocatorias clave”, como la ampliación del Kit Digital para empresas de 50 a 250 empleados (dotado con 350 millones de euros), los nuevos programas MOVES (con otros 350 millones) y las ayudas para el reciclaje de equipos en la cadena de valor de las energías renovables (100 millones).
