Dos transmisiones televisadas casi en paralelo hace una década, una desde Washington y otra desde La Habana, dieron inicio al llamado "deshielo cubano". El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba el 17 de diciembre de 2014, que su país cambiaba sus relaciones con "el pueblo de Cuba". Decía el mandatario que era el mayor cambio en su político exterior con respecto a la isla en 50 años, dando fin a un "acercamiento anticuado".
El discurso de quien entonces gobernaba Cuba, Raúl Castro, comenzó con otro espíritu y de una vez anunciando el intercambio de prisioneros, y soltando una frase: "Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas". En sus palabras Castro no admitía cambio alguno en su aproximación al otro, como sí lo hacía su contraparte.
A partir de entonces se pusieron en práctica medidas acordadas en reuniones secretas que duraron meses, facilitadas por el Vaticano y Canadá. Desde entonces, se dio fin a la política de "pies mojados", se levantaron restricciones de viajes, se facilitó el envío de remesas y la operación de productos bancarios estadounidenses, además de la reinstauración de embajadas.
La apertura, para Washington, significaba que se podía así "empoderar" a la sociedad civil cubana y darle más herramientas para, en todo caso, buscar su propia libertad. Para La Habana era una manera de maniobrar mejor las reformas económicas que el castrismo intentaba para "actualizar" su modelo socialista, introduciendo elementos de mercado y permitiendo las propiedades no estatales.
Durante su primer mandato, Donald Trump, volvió a endurecer las restricciones, y la administración de Joe Biden tan solo levantó las restricciones a las remesas familiares en 2021, y algunos accesos privados a servicios digitales y a la banca estadounidense (ya en 2024 aunque el gobierno de Cuba sigue prohibiendo que capitales externos fluyan directamente hacia empresas privadas).
Pasado 10 años desde el "deshielo", la isla enfrenta su peor crisis financiera en dos décadas y el gobierno cierra 2024 imponiendo nuevas restricciones y castigos al ya limitado sector privado de su país, el de mayor expansión reciente. Los críticos del régimen de Díaz-Canel apuntan a un colapso derivado del propio sistema socialista, de la burocracia y la corrupción recurrentes, y las dificultades de su socio fundamental, Venezuela.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo esta semana que "el régimen cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios democráticos", y calificó el tiempo transcurrido desde el deshielo como "una década de pérdida de tiempo".
La viceministra de Relaciones Exteriores en Cuba, Josefina Vidal Ferreiro, quien negoció el deshielo en su momento, fue citada por el rotativo oficial subano Granma en marzo pasado afirmando que aquello fue "un proceso efímero". Citó como problemas el ordenamiento jurídico de EEUU y los balances entre el Presidente y el Congreso de ese país, la falta de experiencia en entidades cubanas para hacer acuerdos con su enemigo histórico, y que " el objetivo estratégico de ellos de provocar cambios en nuestro ordenamiento no había variado".
Nichols recordó que luego de las negociaciones con EEUU, el régimen de Miguel Díaz-Canel comenzó la represión masiva por las protestas de 2021 en toda la isla, que dejó más de 1.000 presos políticos y condenas por hasta 20 años de prisión.
Aquellas manifestaciones respondieron a que, aunque durante un lustro las reformas hicieron crecer la economía en Cuba, la planificación central se mantuvo y ninguna medida estuvo acompañada de mayores libertades políticas. En 2020 la situación económica volvió a empeorar y con la pandemia de covid-19 se acentuó la escasez y el racionamiento de alimentos y medicamentos.
En Cuba operan más de 10 mil negocios privados que contrastan con el colapso del sistema central. Actualmente, alrededor de un tercio de la fuerza laboral del país trabaja para privados, según el proyecto Cuba Emprende. Además, las importaciones del sector privado equipararon a las del gobierno durante 2023, admiten cifras oficiales, pero financiadas con las remesas enviadas por cubanos a sus familiares y moviendo productos desde EEUU.
Entretanto, la gran mayoría de los cubanos enfrenta escasez crónica de alimentos y otros artículos del hogar, apagones de electricidad, inflación desenfrenada y represión política. Por tercer año consecutivo la migración desde Cuba hacia EEUU sobrepasa las 200.000 personas.
Pero también se han profundizado las limitaciones financieras nacionales. La empresa estatal de electricidad ha admitido que no puede satisfacer sino la mitad de la demanda; y la empresa militar que servía de embudo al envío de remesas desde el extranjero perdió en 2024 su monopolio, pues un informe de Cuba Siglo 21 asegura que más del 95% del dinero se movió por una red informal, golpeando "la segunda fuente principal de divisas" para el régimen dictatorial, por detrás de la venta de servicios médicos y por delante del turismo.
Con Obama, Washington había retirado al país caribeño de su lista de naciones patrocinadoras del terrorismo. Trump volvió a incluirlo en antes de dejar la Casa Blanca en 2021 y Joe Biden cada año lo ha mantenido allí, incluyendo en 2024.
Este 20 de diciembre en La Habana habrá una marcha para condenar la decisión demócrata de extender la clasificación por un año más, convocada por Díaz-Canel, mientras está en el aire qué tanto se pudieran congelar de nuevo las relaciones binacionales una vez que Trump se juramente de nuevo como presidente, ahora con Marco Rubio, un prominente anticastrista de ascendencia cubana, como secretario de Estado.
