«Yo conozco bien el Himalaya que tenemos por delante, que viene con dificultades de todo tipo», decía François Bayrou el 13 de diciembre al recibir el cargo de primer ministro de Francia de las manos de su predecesor, Michel Barnier.
El líder centrista lo tiene claro: además de asegurar su propia supervivencia en el puesto, amenazado por una posible moción de censura por parte de la izquierda y de la extrema derecha, Bayrou tiene varios frentes que atacar, especialmente el económico.
Primera medida: un paracaídas financiero que evite el temido «shutdown» del Estado. El pasado 18 de diciembre, el Senado decidió adoptar la llamada Ley Especial de Finanzas para asegurar una continuidad del Presupuesto 2024 durante los primeros días de 2025, mientras se prepara el verdadero plan financiero del año entrante. Esta ley permite al Estado seguir recibiendo impuestos de los contribuyentes para garantizar el funcionamiento de la Administración pública. No habrá parálisis.
Sin embargo, Bayrou tampoco puede dormirse en los laureles. La obligación de diseñar un presupuesto de 2025 que sea aprobado por la Asamblea Nacional sigue pendiente. Para ello, Bayrou ya ha anunciado que retomará el proyecto de su predecesor en el Palacio de Matignon. Sin embargo, no se basará en la versión original del documento, sino en la que incluye las múltiples enmiendas que añadieron los diputados antes de votar la moción de censura que paralizó todo. Recordemos que el Plan Presupuestario de 2025 propone un recorte de 60.000 millones de euros y para lograrlo, las medidas de Bayrou tendrían que centrarse principalmente en el gasto público, que representa casi el 57% del PIB en Francia, mucho mayor que el de los vecinos europeos, cuyo gasto público no alcanza el 50%. Las finanzas francesas están en rojo y el Parlamento está más dividido que nunca. A partir del 15 de enero, cuando se reinicia la actividad parlamentaria, la batalla del nuevo presupuesto promete ser intensa.
Otro de los sectores que aguardan a Bayrou con impaciencia es el de la agricultura. El principal sindicato de trabajadores del campo, la Federación Nacional de Agricultores (Fnsea), ha solicitado una reunión con el nuevo primer ministro antes del 14 de enero, cuando ofrecerá su declaración de política general. Y sus exigencias son varias: la indemnización de los criadores de bovinos afectados por la enfermedad de la «lengua azul», el regreso de medidas fiscales especiales para el sector agrícola y la simplificación de los procedimientos administrativos para los agricultores, que se dicen ahogados en papeles y burocracias interminables.
No hay que olvidar tampoco la batalla contra Mercosur que los agricultores franceses han manifestado frecuentemente en la calle, bloqueando vías y paralizando actividades. Arnaud Rousseau, presidente de la Fnsea, sigue exigiendo que se bloquee el acuerdo de libre mercado firmado entre la Unión Europea y los países suramericanos, antes de su entrada en vigor en julio 2025. Rousseau denuncia una competencia desleal que puede terminar en un deterioro del aparato productivo francés. «Hoy importamos uno de cada dos pollos y el 40% de nuestras verduras, pero pronto descubriremos que hemos perdido toda capacidad de producción y que dependemos de otros para alimentarnos. Y eso sería un desastre», alerta el dirigente agrícola.
Para Bayrou también hay una prioridad que debe ser atendida lo antes posible: la educación. En este sentido, se jacta de haber nombrado a una personalidad de renombre y vasta experiencia: la ex primera ministra Élisabeth Borne. Un nombramiento que causa escozor en la Asamblea Nacional cada vez que se recuerda que Borne aprobó por decreto (es decir, sin el voto parlamentario) nada menos que 23 leyes en menos de dos años como jefa de Gobierno. De hecho, Borne recibió 20 intentos de moción de censura que nunca prosperaron, pero sí que sembraron un rechazo del que no ha podido sacudirse.
En todo caso, Bayrou y Borne tienen el desafío de calmar a los maestros, indignados desde los tiempos de la covid-19, cuando se les aplaudió por su esfuerzo y se les prometió mejoras salariales y laborales que aún no llegan. Se espera que ambos den un giro de timón con respecto al plan del censurado Michel Barnier, quien tenía previsto eliminar cerca de 4.000 puestos docentes.
Guislaine David, secretaria general y portavoz del mayor sindicato de profesores, quien encabezó protestas y huelgas en contra de esa medida, ya ha declarado que «si François Bayrou quiere calmar la cólera de los profesores, tendrá que volver a plantear el aumento de salarios y mejorar las condiciones de trabajo».
Pero antes, hay que ocuparse de las urgencias. Y en este momento la más importante se encuentra en el archipiélago de Mayotte, en el océano Índico, golpeado severamente por el ciclón “Chido”. Bayrou aterriza este lunes en Mamoudzou, la capital, para proponer soluciones concretas en un territorio donde la mitad de los hogares siguen sin electricidad y donde se cuentan miles de damnificados.
