El Gobierno de Canarias informó a Hacienda en febrero de 2022 que adquirió 4,7 millones de mascarillas a la empresa del "caso Koldo" en plena pandemia. El Servicio Canario de la Salud respondió a un requerimiento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en el que se interesaba por sus vínculos con la mercantil, y confirmó que contrató con Soluciones de Gestión. Según dijo, del total de cubrebocas adquirido, 837.800 resultaron defectuosos.
El documento remitido a Hacienda y al que ha tenido acceso LA RAZÓN evidencia que el Gobierno de Ángel Víctor Torres era conocedor de que la Agencia Tributaria rastreaba ya en 2022 todo lo relacionado con esta mercantil de la que es dueño Luis Cueto. La fecha es significativa puesto que en aquel momento todavía no había arrancado ninguna investigación penal por los contratos de emergencia a esta mercantil, por lo que cuando la UCO les solicitó información, Canarias ya sabía que estaba siendo objeto de una investigación fiscal.
En su respuesta, que se firmó el 24 de febrero, Canarias confirmó que se hicieron dos pedidos a la empresa del caso Koldo para adquirir 4.750.000 mascarillas. El primero de ellos se ejecutó el 22 de abril de 2020 por 6,8 millones de euros y el segundo el 4 de mayo por un importe de 5 millones de euros. En total, se pagaron 11,85 millones de euros a Soluciones de Gestión. La firma venía recomendada desde el Ministerio de Transportes, que fue el primer departamento de la Administración que la contrató a través de Puertos del Estado y de Adif.
El Servicio de Salud argumentó que, de los 2,7 millones de mascarillas que recibieron en el primer pedido, un total de 837.800 (valoradas en dos millones de euros) "no se consideraban mascarillas FFP2". La solución que les dio la firma del "caso Koldo" fue valorarlas como mascarillas quirúrgicas y completar el pedido con otro tipo de cubrebocas hasta alcanzar los dos millones de euros gastados. De esta forma, Canarias trató de desmentir que se realizara un tercer pedido a esta empresa zaragozana, sino que correspondió a una gestión para ser resarcidos tras descubrir que el 30% del material adquirido no pasó el filtro de seguridad.
Con todo, estos contratos han estado bajo el foco de los investigadores ante la falta de soporte documental de los mismos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advirtió en un informe aportado a la Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2022 que la documentación remitida por el Gobierno del actual ministro de Política Territorial "no dejaba claro cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato". Es más, expuso que, tras haber recibido la partida de mascarillas 'fake', se confeccionaron otros contratos "para dar cobertura justificativa a las entregas de material que se habían realizado previamente".
"No se han aportado comunicaciones entre el órgano de contratación y la empresa investigada que puedan justificar objetivamente la decisión de adjudicar el suministro a esa empresa y no a otra, ni tampoco cómo y de que manera se tuvo conocimiento de que ésa empresa era proveedora de mascarillas", advirtió la Guardia Civil cuando las pesquisas todavía no se habían judicializado en la Audiencia Nacional.
Los agentes sostienen que, al tratarse de contratos de emergencia, el Gobierno canario podía adjudicar al margen del trámite obligatorio. Ahora bien, llamaron la atención de los cambios en la facturación y de que no existiera evidencia de comunicación alguna entre el Servicio de Salud Canario y la empresa Soluciones de Gestión, máxime teniendo en cuenta que era una pequeña firma zaragozana sin experiencia en el sector sanitario y con un volumen de negocios de cero euros en el ejercicio de 2019.
La investigación que se sigue en la Audiencia Nacional ha despejado, en parte, las dudas de la UCO por cuanto que este contrato se fraguó como resultado de los primeros contactos con el Ministerio que entonces dirigía José Luis Ábalos. Los investigadores sostienen que éste fue la puerta de entrada para que Soluciones de Gestión se adjudicara los contratos covid por 54 millones de euros. Ello explicaría que no hubiera documentación sobre las negociaciones previas, puesto que las recomendaciones fueron verbales.
El magistrado Ismael Moreno considera, de hecho, que existió un acuerdo entre el entonces asesor del ministro, Koldo García, y los miembros de esta empresa -incluido el conseguidor Víctor de Aldama- para adjudicarles el suministro de material sanitario antes de que se hiciera público. Además, los correos incautados al personal de Puertos del Estado y de ADIF reflejan que se recibieron mejores ofertas de otras firmas, pero que el contrato estaba preparado para Soluciones de Gestión.
Tras estos dos primeros acuerdos con Transportes, siguieron la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y también los gobiernos de Baleares y Canarias. Con todo, esta última fue la que más dinero pagó a la trama, incluyendo también la facturación de los fletes y el traslado desde China. Además, tanto en el caso del gobierno balear, que presidía Francina Armengol, como en el canario, se costearon con fondos europeos, motivo por el cual la Fiscalía Europea abrió una investigación paralela por presunto delito de malversación de caudales públicos.
Preguntado por este asunto en la comisión de investigación del "caso Koldo" en el Senado, Torres negó relación alguna con los investigados y dijo que jamás cobró mordidas. No obstante, del volcado de los teléfonos interceptados por la UCO se desprende que uno de los empresarios de la trama, socio de Aldama, sí se intercambió mensajes con el entonces mandatario canario en la pandemia. Ignacio Tapia le preguntó aquel agosto de 2020 por el posible negocio de compra de test PCR del que le había hablado Koldo García días antes.
A todo ello se añaden las acusaciones de Víctor de Aldama en sede judicial. El empresario, en el marco de su estrategia de colaboración con la Justicia, ha confesado el presunto pago de mordidas entre los miembros de la trama y terceros, derivadas tanto de los contratos de pandemia como de otras operativas, como la relativa al presunto amaño de adjudicaciones del Ministerio de Transportes.
En ese contexto, Aldama dijo que Koldo García le pidió 50.000 euros en 'b' de la red para dárselos a Torres, con motivo de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión, pero éste rechazó efectuar desembolso alguno, siempre según su relato. Preguntado por ello, el actual ministro del Gobierno de Sánchez ha negado la mayor y ha desmentido haber percibido mordidas de esta presunta organización criminal.
