En medio de un elevado déficit fiscal (3,9%), el Gobierno oficializó la ley n° 32219 que amplía la tasa reducida del impuesto general a las ventas (IGV) de 18% a 8% para las empresas dedicadas a las actividades de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos en nombre de la esperada reactivación económica de este segmento económico empresarial, tras el impacto de la pandemia por covid-19.
Así, la norma precisa que las operaciones de venta y bienes y servicios con la reducida tasa del impuesto general a las ventas (IGV) se realizará de manera escalonada:
Con debilitada posición, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha opuesto a esta norma que otorga beneficios tributarios argumentando que solo el año pasado, la reducción de la tasa del IGV al 10% para este rubro, ha significado una pérdida fiscal de S/743 millones.
Además, la cartera que preside José Arista sostiene que no es necesario extender la reducción del IGV ni eliminarlo, ya que los resultados obtenidos hasta ahora muestran que esta medida no ha sido efectiva ni eficiente y no ha beneficiado al público objetivo esperado. "Pese al recorte del IGV, los precios de los restaurantes subieron 6,6%, casi el doble que la inflación de alimentos (3,7%)", anotó el MEF.
