Aunque los cálculos de las autoridades demostrarían que la extorsión ha sido un fenómeno que viene en una reducción de 7,2% -y no 72% como dijo el ministro del Interior, Juan José Santiváñez en octubre pasado-, lo cierto es que cada día se conocen más casos en los que ciudadanos denuncian haber sido víctimas de alguna de las modalidades de este delito. Los expertos también hablan de posibles subregistros que demostrarían la verdadera magnitud del problema en el país.
De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, en lo que va de este año se han registrado 19 mil 432 casos de extorsión. Recientemente se ha conocido que 4.387 de estas víctimas fueron comerciantes mientras que 4.240 eran independientes.
En muchos casos fueron supuestos integrantes de las estructuras criminales del Tren de Aragua, Los Pulpos o La Jauría los que estuvieron llamando a comerciantes para amenazarlos de muerte si no pagaban las sumas de dinero que se les solicitaban.
En tercer lugar figura 2.654 profesionales como víctimas de este delito, mientras que 1.489 amas de casa también fueron blanco de las bandas criminales.
Otro sector golpeado por estas bandas criminales fue el de transporte donde 1.174 choferes fueron atacados o recibieron amenazantes e incluso algunos terminaron asesinados.
De acuerdo a dicho informe de la Dirección de Inteligencia (Dirin) 778 empleados también cayeron en las garras de los extorsionadores, en tanto que otros 763 eran estudiantes-
Asimismo, 325 víctimas de extorsión son agricultores, 280 pertenecen al gremio de construcción civil, y 131 eran funcionarios públicos. En tanto 3211 no indicaron.
Algunos expertos como Erika Solís, Investigadora del Equipo Anticorrupción del IDEHPUCP, señalan que la extorsión es uno de los delitos que presenta un mayor número de subregistros o “criminalidad no registrada” no solo en Lima, sino en el resto del país.
Para el investigador, este fenómeno en muchas ocasiones podría hasta duplicar las cifras oficiales pues “las autoridades viven de la denuncia y las estadísticas, pero no necesariamente esto representa la realidad pues no todas las víctimas, que se ven amenazadas, acuden a un método de denuncia”.
Según la Dirin, del total de extorsiones este año 17.154 son de característica típicas u ordinaria. Este año se denunciaron también 840 casos de gota a gota, 877 cobros de cupo, 436 chalequeos y 125 corresponden a otros.
Asimismo, 9109 fueron atendidas por la Línea 111. De ella 1427 fueron llamadas por extorsión, 2896 por consulta, 3300 fueron llamadas sin éxito y 1486 corresponden a otros.
Para el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, habría un choque entre la percepción y la realidad sobre este delito.
“Esta situación está afectando de manera más drástica en Lima y figuras como la del ‘Tren de Aragua’ han hecho que el delito mute y pase de simples extorsiones con mensajes de texto o panfletos a la utilización de técnicas para infundir terror, como los videos con registros de muertes o de armas de largo alcance a los ataques con explosivos y asesinatos”, añadió.
La investigadora Erika Solís sostiene que generalmente, la extorsión no es en nuestros días una actividad delictiva dirigida a sectores de gran capacidad económica, pues estas organizaciones cuentan con herramientas para prevenir y contrarrestar este tipo de actividades con seguridad privada, por ejemplo.
Ello hace que las dinámicas de extorsión se focalicen en sectores donde se asegure su operatividad, así como también su rentabilidad.
Así, la extorsión a pequeños negocios y a mercados informales es una constante, aunque en muchos casos no se refleja en denuncias, debido a la profunda desconfianza en las instituciones del sistema de justicia.
Así, ante la falta de presencia del Estado y la desconfianza sobre la eficacia de su labor, se va normalizando el pago de cuotas a los grupos criminales relacionados con la extorsión.
En la actualidad, la negativa a pagar o la denuncia ante las autoridades puede desembocar fácilmente en represalias contra la vida e integridad de las personas amenazadas, lo cual se extiende a sus familias.
Esta alza de violencia en la criminalidad se debe a múltiples factores, tanto a elementos estructurales como a factores más tangibles y directos como la facilidad para portar armas de fuego y/o explosivos, lo cual pone en evidencia la existencia de un mercado ilegal de armas que hace accesible estas herramientas para su uso ilegal, según Solís.
También se observa como otro elemento el control territorial, pues estas dinámicas se concentran en zonas periféricas de las regiones. Por ejemplo, en Lima ocurre con mayor frecuencia en distritos como Los Olivos, San Martin de Porres, San Juan de Lurigancho y otros. Esto es posible especialmente porque los espacios geográficos mencionados carecen de una adecuada presencia de agentes de seguridad estatal.
Muchos de los casos provienen de las cárceles. Ellos buscan sus víctimas por medio de bases de datos y operan bajo una logística de fábrica criminal y tienen todo lo correspondiente a un call center donde cada uno se encarga de una parte del procedimiento criminal, tanto adentro como afuera de los centros de reclusión.
