El Gobierno del Perú oficializó, mediante la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025, la entrega de un bono extraordinario de S/200 destinado a los trabajadores del sector público. Este incentivo económico forma parte de las medidas aprobadas para incrementar los ingresos de determinados grupos laborales y será depositado automáticamente en las cuentas de los beneficiarios.
La medida, coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca atender las necesidades de los empleados públicos que cumplan con los requisitos establecidos. Sin necesidad de trámites adicionales, el bono estará incluido en los haberes regulares a lo largo del primer trimestre del próximo año.
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El bono de S/200 se asignará a empleados públicos que pertenezcan a regímenes laborales específicos. Según lo estipulado por el Presupuesto Público 2025, los beneficiarios incluyen a trabajadores bajo los siguientes decretos legislativos:
Las entidades públicas son responsables de actualizar los datos de sus trabajadores y remitirlos al MEF, asegurando la correcta distribución de los fondos aprobados.
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El bono será depositado automáticamente junto con los pagos regulares de los beneficiarios, sin necesidad de que estos realicen trámites adicionales. Según lo establecido, el beneficio estará disponible dentro del primer trimestre del 2025 y se financiará con la asignación presupuestaria designada en la Ley de Presupuesto.
El MEF y las instituciones públicas han definido un cronograma que garantiza el cumplimiento de esta disposición, priorizando la entrega oportuna de los recursos a los empleados que califican bajo los criterios legales.
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El otorgamiento del bono extraordinario de S/200 responde a la necesidad de brindar un apoyo económico adicional a los trabajadores del sector público. Este incentivo busca complementar los ingresos de los beneficiarios y forma parte de las acciones del Gobierno para fortalecer las condiciones laborales en el país.
Además, la inclusión de este bono en el Presupuesto Público 2025 refleja la intención de las autoridades de mejorar la calidad de vida de los empleados públicos, particularmente en un contexto de crecientes desafíos económicos.
