La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por un adulto mayor y ordenó al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla, tomar medidas para garantizar la seguridad de los peatones en la rotonda de Betania, ubicada en Montes de Oca.
La sentencia es extensiva para Cristhian Arroyo Gamboa, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
Según el fallo, ambos funcionarios deben implementar todas las acciones necesarias en un plazo de dos meses a partir de la notificación.
El recurso fue presentado el pasado 7 de noviembre por el adulto mayor, quien señaló que, desde el 4 de setiembre solicitó al MOPT implementar medidas de seguridad en la rotonda. De acuerdo con su testimonio, las obras se habrían planificado hace una década, pero nunca se ejecutaron.
El texto resolutivo detalla que, el 10 de setiembre, el MOPT remitió la denuncia del ciudadano a la Dirección de Ingeniería de Tránsito y solicitó un informe detallado de la situación en dicha localidad.
El 13 de noviembre, el ingeniero Miguel Zamora Vega, jefe del Departamento de Señalización Vial, informó de que, tras una visita al lugar, no se evidenciaba la implementación de las “obras recomendadas” y se refirió a un oficio emitido en el 2011 que nunca se ejecutó.
Este documento incluía sugerencias, como la reconstrucción de la isla de concreto adyacente a la rotonda, con las siguientes especificaciones: un largo de 40 metros, ancho mínimo de 1,2 metros, altura máxima de 15 cm y rampas en las aceras.
También se sugería instalar señalización vertical para advertir a los conductores sobre la presencia de peatones y el refugio peatonal.
De acuerdo con la Sala, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI coordinaría con el Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito para completar la señalización y demarcación pendientes durante diciembre.
No obstante, pese a que las instituciones indicaron que se harían las modificaciones, los magistrados de la Sala IV concluyeron que, al momento de la interposición del recurso, no se había brindado una solución definitiva al problema de seguridad peatonal en la rotonda, por lo que declararon con lugar el recurso de amparo.
La Sala advirtió a los jerarcas que, en caso de incumplimiento de la orden, podrían enfrentar penas de tres meses a dos años de prisión o multas de veinte a sesenta días, según lo estipulado por la ley.
