El panorama respecto a la vivienda en España no es nada sencillo en la actualidad, especialmente para los más jóvenes. Comprar un piso cada vez es un sueño más lejano y alquilar se va complicando paulatinamente por la alta demanda y los altos precios, sobre todo en las grandes ciudades. Para intentar frenar esto, entra en vigor el 2 de enero el nuevo índice para la actualización del alquiler en 2025, que afecta a los contratos firmados a partir del 25 de mayo de 2023. Cuando toque la correspondiente renovación anual del alquiler, la subida máxima estará limitada a lo que establezca este índice.
El índice de referencia que se utilizará será el mínimo valor entre la tasa de variación anual del índice de precios de consumo (IPC), la tasa de variación anual del IPC subyacente y la tasa de variación anual media ajustada, según explicó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Además, incorpora mecanismos de corrección para la moderación en caso de incrementos superiores al 2%. Sin embargo, otra medida del Gobierno puede provocar que estos precios se mantengan al alza.
"Acabamos de acordar con el PSOE prorrogar el escudo social que con tanto esfuerzo logramos cuando gobernábamos. Suspendemos los desahucios de personas vulnerables durante un año y mantenemos las ayudas al transporte durante seis meses. También arreglaremos el error de Bildu y ERC", anunció la semana pasada Ione Belarra en su cuenta de 'X'. El escudo social del que habla es el Real Decreto ley 11/2020 y su ampliación ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.
Como bien explica el mensaje en redes, esto impide el desalojo de las personas vulnerables durante todo el 2025, lo que también incluye a las que son okupas e inquiokupas. La vulnerabilidad no se declara por un baremo totalmente estricto, depende de los servicios sociales. Generalmente se suele conceder si se cumple al menos uno de los siguientes requisitos: ser víctima de violencia de género, dependiente o con dependientes o menores a su cargo, estar desempleado o tener unos ingresos bajos.
Que esta medida se aplique también en los casos de okupas e inquiokupas puede ser contraproducente según algunos expertos: "Esta prórroga hará que cada vez menos gente se atreva a poner en alquiler sus pisos, ya que, si el inquilino deja de pagarle y se declara vulnerable, no sabe cuándo podrá recuperar su propiedad. Porque van cinco años de moratoria de desahucios del alquiler".
Esto mismo explicaba Kathy en una entrevista a LA RAZÓN. Ella es una madre de familia que lleva casi cinco años sin poder desalojar a su inquiokupa por esta norma pese a tener una sentencia judicial favorable firme y opina lo siguiente: "Los propietarios están quitando sus casas por miedo, hay menos oferta y cuando hay una, llegan 200 personas y se convierte en una puja al mejor postor y el de bajos recursos se queda fuera".
También afirmaba que una mayor seguridad lo cambiaría todo: "En el momento que haya más viviendas porque haya más seguridad, los propietarios serán los que bajarán los precios y exigirán menos condiciones". Tiene claro que no volverá a alquilar mientras este Real Decreto 11/2020 no sea derogado: "Si no me dan seguridad jurídica no alquilo e instó a todos los propietarios a que hagan lo mismo". Avisa de que esta medida perjudica a todo el mercado: "No estamos protegidos ni los propietarios ni los inquilinos de bajos recursos. Se tendría que hacer un estudio de lo que provoca el Real Decreto".
Kathy es presidenta de APROVIJ, la Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica. Han convocado una manifestación para luchar contra esta medida antes de que sea aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados. Tendrá lugar el 14 de enero en Madrid y Barcelona.
