En los últimos tres años, los operativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitieron desarticular 155 grupos criminales, dedicados a actividades como el tráfico de drogas, legitimación de capitales, robos, extorsiones y créditos gota a gota. Sin embargo, en el plan de trabajo de ese cuerpo policial, todavía está pendiente la intervención de otras 112 organizaciones a las cuales les siguen la pista.
El ejercicio evidencia que, en promedio, los agentes detuvieron a una banda criminal por semana y que, si se mantiene ese ritmo de trabajo, aún faltan dos años de trabajo duro para aprehender a otros criminales que siguen en las calles. Este esfuerzo ocurre en momentos en los que el país alcanzó 905 homicidios en el 2023, la cifra más alta desde que se llevan registros, y a las puertas de que el 2024 culmine con unos 865 asesinatos más.
En ese contexto, la Policía Judicial implementó, en asocio con otros cuerpos policiales y la Fiscalía, la denominada Operación Caribe, dirigida a golpear grandes bandas criminales de Limón. Igualmente, echó a andar el plan Escudo, para desmembrar estructuras que colaboran con la violencia homicida en todo el territorio.
En entrevista con La Nación, Randall Zúñiga, director del OIJ, admitió el desvelo de ese cuerpo policial ante el hecho de que las investigaciones tradicionales se extendían entre uno y tres años, lo que, evidentemente, es un ritmo insostenible ante el aumento del crimen.
“Bajo el contexto de 2023, con la cifra cercana a los 900 homicidios, en el OIJ teníamos una preocupación importante: que ocurriera lo mismo que le preocupaba a la Caja del Seguro (Caja Costarricense de Seguro Social), es decir, llegar a un colapso. Si esto sigue así, no vamos a poder trabajar los homicidios”, afirmó el jerarca.
Frente a este desafío, la Policía Judicial implementó el Plan de Estrategia Sistematizada para el Control Urbano y Disminución de las Ofensas Delictivas (Escudo), cuyo objetivo principal es reducir la curva de homicidios y desarticular las bandas dedicadas al narcomenudeo, responsables de una gran parte de las muertes violentas en el país. De acuerdo con Zúñiga, este plan permite responder de una manera más ágil y eficaz ante el crimen organizado, centrando esfuerzos en los grupos más peligrosos.
El Plan Escudo incorpora una metodología denominada 3, 2, 1, que agiliza el proceso de desarticulación de las bandas. “Si saca la calculadora, verá que desarticulamos un grupo grande por semana, prácticamente”, aseguró el jerarca.
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Esta estrategia consiste en tres fijaciones en video o fotografía de los puntos de venta de droga; dos precompras realizadas al vendedor de droga; y, finalmente, un decomiso a la persona que sale del lugar donde se venden las sustancias ilícitas.
Con el respaldo de este plan, el OIJ pudo desarticular 155 organizaciones, acelerando significativamente sus procesos investigativos y priorizando los casos más graves. “Hubo investigaciones que duraron hasta tres años. Eso ya no funciona en el contexto actual”, advirtió Zúñiga.
Será también bajo esa dinámica, que las autoridades confían en poder desarticular las al menos 112 organizaciones que están identificadas.
No obstante, de acuerdo con el Estado de la Nación, publicado en noviembre, en el país operan cerca de 200 grupos criminales que tienen reclutadas a unas 4.000 personas vinculadas con narcotráfico, sicariato y lavado de dinero.
El Sistema de Diseño Estratégico para el Combate Institucional sobre las Organizaciones Criminales y la Resiliencia (Decisor) es una herramienta implementada por el OIJ para determinar cuáles bandas criminales deben recibir prioridad en las acciones de desarticulación. Su objetivo es optimizar los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, tomando en cuenta la peligrosidad y la capacidad de los grupos para ejecutar homicidios y generar violencia.
Según el director del OIJ, el Decisor ha permitido enfocar recursos y estrategias en los grupos más peligrosos, lo que ha resultado en operaciones exitosas como la Operación Caribe, que se llevó a cabo de manera independiente para reducir la violencia en Limón.
“Decidimos la estrategia de la operación Caribe en solitario para calmar la situación, allanando al grupo de Tonny Peña Russell, alias Tony y, a la semana siguiente, al grupo de La H. Después, desarticulamos esos dos grupos. Capturamos a Peña Russell unos tres meses después y se tranquilizó la situación en Limón”, aseveró.
Peña Russell fue arrestado en junio, acción calificada en aquel momento por el subdirector del OIJ, Michael Soto, como “una de las capturas más importantes de los últimos tiempos”. Según dijo, el presunto líder criminal estaba vinculada a unos 10 homicidios pero el grupo que encabeza a unos 60.
Entretanto, contra el llamado grupo de La H, las operaciones se realizaron en febrero, aunque desde meses atrás se conocía de sus actividades.
Esta estrategia no se limitó a esos dos grupos. Tras la desarticulación de Peña Russell y La H, el OIJ extendió sus esfuerzos a otras organizaciones criminales en la zona, contra el llamado grupo del Valle y el grupo de Tang, en Matina, lo que resultó en numerosas detenciones.
“Vea solamente Limón. Tenemos más de 150 personas asociadas a grupos criminales en prisión preventiva en este momento”, destacó.
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Una de las capturas que adeuda la Policía Judicial es la de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, vinculado con una larga lista de hechos delinctivos. Según Zúñiga, su detención exige estrategias diferentes, pues ha desarrollado mecanismos de protección muy sofisticados.
