El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya ha entregado a la Audiencia Nacional la totalidad de los informes solicitados tras reactivar la causa por el espionaje al móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado instructor, José Luis Calama, ordenó en abril que se analizara toda la documental remitida por Francia sobre el espionaje masivo con el software Pegasus, para concretar los puntos comunes con esta investigación.
Fuentes jurídicas confirman a LA RAZÓN que el Juzgado Central de Instrucción número 4 ya tiene en su mesa la información solicitada al Centro Criptológico Nacional y que el siguiente paso será estudiarlo para decidir si comparte su contenido con las autoridades francesas. El instructor solicitó al CNI tras la reapertura de la causa en abril que estudiase detenidamente la información facilitada por el país galo que, a través de una orden europea de investigación, ofreció a la Audiencia Nacional los detalles del hackeo que sufrieron en 2021.
Las autoridades francesas aportaron datos sobre los Indicadores de Compromiso (IOCs). Se trata de unas evidencias que ofrecen información sobre el usuario atacante, los nombres de los dominios infectados y los titulares de dichos dominios que aparecieron en su peritaje. También se solicitó una comparativa de dicha documental con los informes que ya elaboró en su día el CNI en relación con la infección del móvil del presidente y de sus ministros de Agricultura, Luis Planas; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles.
El magistrado requirió al CNI que indagara las similitudes de ambos hackeos de cara a arrojar luz sobre la autoría de los hechos y, también, que indicara las diligencias que se podrían llevar a cabo a la vista de la nueva información recibida. Más de medio año después del encargo, el CNI culmina la entrega de sus conclusiones a la Audiencia Nacional a la espera de su análisis en el juzgado. En abril, tras la reapertura de la causa, el instructor ya avanzó que en función de cómo discurriera esta actuación se podría llevar a cabo un "intercambio de información" con las autoridades francesas para conocer los detalles de la investigación que impulsó la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).
A diferencia de lo ocurrido en esta investigación, Francia sí cuenta con información remitida por NSO Group, la empresa israelí que comercializa el programa Pegasus. París abrió una investigación en 2021 tras detectar que miembros del Gobierno, ministros, diputados, asociaciones, periodistas y abogados habían sido espiados con el software israelí. Se trató de un hackeo a gran escala que les llevó a pedir explicaciones a la firma, ya que se supone que este programa se vende exclusivamente a organizaciones estatales.
NSO Group no acudió a las comparecencias a las que fue convocada, pero sí facilitó cierta información sobre el uso de este programa que ahora puede ser clave para la investigación de la Audiencia Nacional. No obstante, la empresa negó ser la responsable de la infección de los teléfonos afectados y dejó claro que cualquier información adicional que quisiera recabar Francia la tendría que solicitar a través de las herramientas de cooperación nacional.
Precisamente la falta de colaboración de Israel fue lo que propició el archivo de estas diligencias. El instructor Calama se vio obligado a sobreseer provisionalmente la causa en julio de 2023, dado que Tel Aviv no respondió a la comisión rogatoria que emitió la Justicia española. El juzgado recurrió en varias ocasiones al Ministerio de Justicia para recordarles que tenían pendiente responder a la solicitud de España, pero no se atendió las peticiones. El objetivo del instructor era trasladarse a Israel para interrogar a los responsables de la mercantil que lo comercializa pero, sin respuesta a su requerimiento, tuvo que archivar el caso, dado que no se pudo imputar a ningún responsable del espionaje.
En su auto de archivo, Calama deslizó al Gobierno que, dado que había sido el que impulsó este procedimiento penal, podía activar la vía diplomática para esclarecer los hechos. "Llegados a este punto, este órgano poco o nada puede hacer para el cumplimiento de la comisión rogatoria. Solo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales y cuyo ejercicio corresponde al Gobierno. Sin duda, la Abogacía General del Estado, como representante procesal de la administración, impulsará el ejercicio", expuso.
Sin embargo, no consta que Moncloa moviera ficha en ese sentido y tampoco que recurriera el auto de archivo. Así pues, quedaron sin dilucidar los pormenores de los hackeos a los teléfonos de Sánchez y de tres de sus ministros en los meses de mayo y junio de 2021. Cabe recordar que estas diligencias nacieron a raíz de una denuncia que interpuso la Abogacía en la Audiencia Nacional en mayo de 2022, en pleno escándalo del 'Catalangate', el espionaje a líderes independentistas catalanes. En aquel contexto, los servicios jurídicos del Estado denunciaron que los terminales de Sánchez y Margarita Robles también fueron infectados y pidieron que se abriera una investigación por presunto delito de revelación de secretos.
Días después, y a tenor de las conclusiones remitidas por el CNI, se amplió la denuncia para incluir también a los ministros Grande-Marlaska y Planas. Del avance de las pesquisas se supo que se produjeron un total de cinco infecciones al teléfono del presidente del Gobierno, a través de las cuáles le extrajeron cerca de 2,7 gigas de información. Los principales hackeos se produjeron entre los días 19 y 31 de mayo de aquel 2022, coincidiendo con la grave crisis migratoria en Ceuta después de Marruecos tuviera conocimiento de que España acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para dispensarle asistencia hospitalaria.
El instructor abrió diligencias y citó a declarar a los afectados, además del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Calama intentó que dichas comparecencias se celebraran en persona en sede judicial pero los testigos, pese a ser damnificados directos de lo ocurrido, se acogieron al privilegio que les otorga el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para declarar por escrito. En el caso de Bolaños se le propuso de comparecer por videoconferencia pero no contestó al ofrecimiento.
Así pues, el magistrado puso el foco en Israel, pero desde allí nunca se respondió a la comisión rogatoria emitida ni a los sucesivos recordatorios librados a través del Ministerio de Justicia, por lo que terminó archivando estas pesquisas. La irrupción de Francia no solo ha propiciado su reapertura, sino que ha supuesto una última oportunidad para llegar al autor de los hackeos. Ahora, tras incorporar las conclusiones del CNI, se decidirá si compartirlas con Francia para avanzar conjuntamente en el esclarecimiento de los hechos.
