Luego de la postergación del ingreso del proyecto de aborto legal, el intercambio público de declaraciones entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el cardenal Fernando Chomali, enardeció un debate que políticamente ya se vislumbra cuesta arriba, en cuanto a los apoyos que esta iniciativa pueda concitar en el Congreso Nacional.
En principio el arzobispo de Santiago había celebrado el aplazamiento del proyecto, lo que motivó que la secretaria de Estado afirmara que “las decisiones no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia“. En su última respuesta a Orellana, Chomali sostuvo en Radio Futuro que “lo que dijo la ministra lo pensó muy bien, pero a mi no me quitó el sueño”.
Bajo ese contexto, desde las organizaciones ponen énfasis en abordar este debate desde una perspectiva de salud, y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada y directora de la Corporación Humanas, Camila Maturana, valoró que el Gobierno haya reafirmado su compromiso en esta materia y sostuvo que, si bien se trata de un debate complejo, con posiciones fuertes y controversiales, “lo importante es que en un Estado democrático de derecho es un debate que tiene que ocurrir tanto a nivel social como a nivel del Parlamento“.
En esa línea, Maturana indicó que es importante que esta materia se aborde más allá de lo valórico, sino desde una perspectiva amplia, poniendo foco en los derechos de las mujeres y las niñas: “Más allá de las posiciones valóricas que puedan defender distintos actores en la sociedad, lo importante es que en una sociedad democrática estos debates se den desde una perspectiva amplia. Lo que uno esperaría es que, de cara a los derechos de las mujeres y las niñas, este debate tenga lugar tomando en cuenta cuál es la experiencia de las mujeres y las niñas“.
“Cómo es la situación que enfrentan hoy debiendo interrumpir sus embarazos en condiciones de ilegalidad, de estigma, de falta de garantías de atención de salud, y cómo leyes como éstas, que todavía imponen sanciones penales, profundizan las brechas de desigualdad entre las mujeres“, añadió la abogada.
Continúo recalcando que “no estamos todas las mujeres afectadas de la misma manera, las mujeres jóvenes, adolescentes, niñas, mujeres migrantes, mujeres con menos recursos, enfrentan condiciones mucho más complejas y uno esperaría que, en un debate democrático, estas circunstancias sean tomadas en cuenta“.
En ese sentido, Maturana sostuvo que, en países democráticos, después de legislar sobre aborto bajo causales, una ley con limitaciones que en el caso de Chile lleva 7 años de vigencia y registra más de 5 mil mujeres y niñas atendidas en sistemas de salud, “el paso siguiente es debatir directamente sobre aborto en un modelo de plazos“.
La abogada indicó así que, analizando la evidencia comparada, las leyes que establecen penalidades no evitan o disuaden a las mujeres de abortar, incluso con un proyecto vigente respecto a causales.
Esto último, porque “cuando existen leyes restrictivas, leyes que imponen sanciones penales al aborto, en ningún país estas leyes han permitido disuadir a las mujeres que requieren interrumpir su embarazo. Las mujeres, las niñas y las adolescentes enfrentan un conjunto de situaciones muy diversas, muy complejas, que exceden las tres causales, por lo tanto, la necesidad de interrupción del embarazo en condiciones sanitarias adecuadas sigue estando vigente”.
“Cuando tenemos una ley que establece sanciones penales frente a ello, eso no significa disminuir ni evitar que estas situaciones ocurran, sino más bien que la interrupción del embarazo ocurre en situación de ilegalidad, de estigma, de falta de garantías de atención de salud, y eso es lo que los distintos países que han avanzado en este sentido han buscado resolver desde una perspectiva de salud, desde una perspectiva de derecho y no solamente desde una perspectiva valórica que puedan defender determinados sectores de la sociedad”, zanjó.
