SANTO DOMINGO. El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC), logró este año 2024 el sometimiento a la acción de la justicia de unas 17 personas (16 hombres y 1 mujer), quienes incurrieron la comisión de delitos tipificados con abuso sexual infantil, atentado sexual, violación del derecho de la imagen, posesión, adquisición, producción y difusión de material de abuso sexual infantil.
La PEDATEC informó que obtuvo prisión preventiva como medida de coerción para 16 de los acusados.
Asimismo, identificó a 12 víctimas menores de edad, quienes recibieron asistencia y protección por parte de fiscales especializados en niños, niñas y adolescentes.
Estas acciones fueron el resultado de 34 allanamientos realizados en 12 provincias del país, incluyendo el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana, La Vega, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Peravia, Barahona, Sánchez Ramírez y Valverde. Durante los operativos, se confiscaron 583 dispositivos tecnológicos, entre ellos celulares, computadoras, tablets y dispositivos de almacenamiento, utilizados para cometer los delitos.
El Ministerio Público destacó que las investigaciones se basaron en reportes de organismos internacionales como el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) y sistemas de monitoreo en línea como ICACCOPS y CPS.
Estas acciones se llevaron a cabo en colaboración con la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales y la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, en coordinación con las fiscalías locales.
En cuanto a resultados judiciales, la PEDATEC logró cuatro sentencias condenatorias en los distritos judiciales de Santo Domingo Este, Santiago, San Francisco de Macorís y Monte Plata.
Los condenados, todos hombres, fueron hallados culpables de delitos como abuso sexual infantil, violación de derechos de imagen y difusión de material de abuso sexual infantil.
El Ministerio Público reafirma su compromiso de combatir los delitos tecnológicos que atentan contra la dignidad, integridad personal e imagen de los niños, niñas y adolescentes, garantizando justicia y protección para las víctimas.
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