La inclusión financiera es definida por el gobierno mexicano como “el acceso y el uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumo y promueva la competencia económico-financiera”.
La importancia de este concepto radica en que diversas instituciones como el Banco Mundial (2022) y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias – Tecnológico de Monterrey (2023) han demostrado que la inclusión financiera contribuye a que las familias puedan solventar situaciones inesperadas, permite a las personas invertir en proyectos productivos que, en la mayoría de los casos, generan una mejoría en su situación financiera, facilitando la movilidad social para las poblaciones de ingresos bajos y medios en México.
A finales de 2024, los principales avances en materia de inclusión financiera en México se presentan a continuación: la inclusión avanzó lentamente en este periodo, que de acuerdo con la ENIF (2021), la población mexicana con al menos una cuenta de captación de débito y ahorro pasó de 59% en 2018 a 65% en 2021.
En este sentido, es importante señalar que en el documento “Hacia una Política Pública para la Inclusión Financiera” (Nu México, 2024) se presenta un panorama del sistema financiero mexicano, en el cual cinco bancos concentran el 65% de los activos y cuentas bancarias (ahorro, cheques, tarjetas de crédito y otros tipos de crédito).
Otro avance en esta materia tiene que ver con la Ley Fintech (2018), la cual tiene por objeto regular a las instituciones de tecnología financiera y fomentar la inclusión financiera en el país.
A la fecha, esta Ley ha incentivado la entrada de nuevos jugadores al mercado financiero, pero su alcance ha sido limitado.
En materia de brecha de género, los avances han sido limitados pues a la fecha existe un diferencial nacional de 14% entre hombres (56%) y mujeres (42%), además de las diferencias existentes en las distintas regiones que conforman a México (BBVA, 2024).
Los retos que enfrenta México en materia de inclusión financiera son los relacionados con generar y promover un marco regulatorio que permita la innovación de soluciones financieras personalizadas y más accesibles, para atender las necesidades de los sectores, hasta hoy, no atendidos.
Lo anterior se logrará mediante la libre competencia de las instituciones financieras tradicionales y las Fintech.
Adicionalmente, el gobierno federal deberá promover la infraestructura necesaria para contar con una conexión más rápida, segura y barata a internet en todo el país. Con la finalidad de abaratar el costo de los servicios financieros y el acceso a los habitantes de pequeñas localidades.
En lo que respecta a la brecha de género, a pesar de que las mujeres poseen tasas de incumplimiento menores que los hombres, bajo condiciones de financiamiento similares, pagan mayores costos financieros y obtienen menores montos de crédito.
Algunos autores señalan que esto puede sustentarse en que las mujeres tienen menos activos que puedan usarse como garantías, menor historial crediticio, o bien porque son conscientes de la existencia de brecha de género y anticipan que sus solicitudes serán sujetas a condiciones menos favorables o rechazadas.
Para reducir esta brecha, la participación de los reguladores financieros, promotores de inversión, las instituciones financieras tradicionales y las Fintech es fundamental y el gobierno federal deberá establecer políticas públicas que eliminen las barreras que enfrentan las mujeres para acceder una cuenta de ahorro o a créditos en igualdad de condiciones que los hombres.
Por último, otro reto que enfrenta nuestro país, en esta materia, tiene que ver con la educación financiera, es decir, con la falta de comprensión de los productos financieros disponibles o bien por la desconfianza en las instituciones financieras tradicionales, lo que desalienta a los segmentos menos favorecidos a participar en ellas.
La actual administración federal puede generar políticas públicas en esta materia para los diversos grupos etarios de la población mexicana.
Es bien conocido el impacto positivo que genera la educación financiera para la economía de un país, así como para la tranquilidad financiera de la población. La educación financiera permite a las personas obtener conocimientos básicos para el manejo eficiente de diversas cuentas bancarias, créditos y seguros mediante la comparación de costos y riesgos asociados.
Por lo anterior, la presente administración federal tiene una oportunidad enorme para lograr que la mayoría de la población mexicana participe de las instituciones financieras formales, a través de un nuevo marco regulatorio innovador y que facilite el acceso a los grupos poblacionales tradicionalmente no considerados; la eliminación de barreras de género que permitirá una mayor equidad y desarrollo económico; y por último, una educación financiera que permita empoderar a los mexicanos en la administración de sus recursos financieros, lo que necesariamente impactará en la economía nacional al generar decisiones mejor informadas y más responsables.
El autor es profesor del departamento de Contabilidad y Finanzas en el campus Santa Fe y del Financial Access, Inclusion and Research Center de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
Contacto: miguel.gutierrez@tec.mx
