Los movimientos del Gobierno de España y del Govern de la Generalitat de Cataluña para ceder a la administración autonómica, concretamente a los Mossos d’Esquadra, competencias en seguridad que hasta ahora asume el Estado a través de la Guardia Civil ha encendido las alarmas en las asociaciones profesionales del Instituto Armado.
Se han unido todas las asociaciones con representación en el Consejo de la Guardia Civil, incluso algunas que se quedaron fuera en las últimas elecciones: Jucil, Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Unión de Oficiales (UO), Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), Independientes de la Guardia Civil (IGC), Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) y Unión de Guardias Civiles (UGC).
Han firmado un comunicado conjunto para mostrar su “total y absoluta disconformidad con el posible traspaso de las competencias actualmente asumidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puertos y aeropuertos de Cataluña, que no obedece a necesidad alguna ni a razones operativas, sino a un mero intercambio político”.
Recuerdan que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone que la competencia sobre “la custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos, centros e instalaciones que por su interés lo requieran” corresponde a la Guardia Civil, conforme al artículo 12.1.B.d) de dicha norma.
Además de citar la ley, esgrimen otros argumentos. Advierten que el puerto y aeropuerto de Barcelona son objetivos estratégicos fundamentales para el Estado, y añaden: “No olvidemos que fueron objetivo de ‘Tsunami Democràtic’ en los disturbios del 2019”.
El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat fue el primer objetivo de las movilizaciones de los independentistas en octubre de 2019, nada más conocerse la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a los líderes de la intentona secesionista de 2017. Miles de personas acudieron al aeropuerto y provocaron disturbios en aparcamientos y otras zonas exteriores.
Las nueve asociaciones profesionales de guardias civiles firmantes del comunicado señalan también otros problemas que traerá el traspaso de competencias.
Denuncian que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, “no ha considerado en la escasez de personal de la policía catalana, la cual apenas tiene suficientes efectivos para paliar los altos índices de criminalidad con los que cuenta actualmente Cataluña, particularidad criticada por los sindicatos policiales catalanes”.
Por eso alertan que, de ejecutarse el traspaso de la Policía Nacional y la Guardia Civil a los Mossos, “los puertos y aeropuertos de Cataluña perderían efectivos expertos en la materia mientras que la policía catalana, sin contar con policías suficientes, tendría que formarse para realizar las funciones necesarias en ese tipo de trabajo”.
La preocupación de estos guardias civiles va más allá de aeropuertos y puertos, ya que “en la última Junta de Seguridad celebrada el pasado día 5 del mes en curso, ya se anunció el cese de las competencias, hasta ahora compartidas, del Seprona, relegando a esta especialidad de la Guardia Civil, ya no solo a un segundo plano, sino a su extinción prácticamente total”.
Estas asociaciones critican que esa cesión excede las funciones de la Junta de Seguridad de Cataluña, que tiene potestad de coordinar a los cuerpos de seguridad, pero que no puede distribuir competencias, algo que “corresponde en exclusiva al poder legislativo”.
El caso del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil se suma “al cierre de la unidad de Gedex [Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos] de Lérida o a la unidad del Greim [Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña] de la provincia de Gerona”.
Después de todos esos movimientos, lamentan las asociaciones de guardias civiles que “Salvador Illa anuncia una nueva Junta de seguridad para principios del 2025 en la que pretende llegar a más acuerdos perjudiciales para el colectivo de la Guardia Civil”.
Por todo ello, las asociaciones firmantes denuncian “la falta de escrúpulos a la hora de acordar que echen a miembros del cuerpo de la Guardia Civil de sus casas, de su tierra y que estos sean una y otra vez moneda de cambio de nuestros dirigentes”.
Hablan de juego sucio contra la Guardia Civil, de usarles como rehenes de los independentistas para pactos que “no responden a razones de idoneidad, sino simplemente a un interés político de nefastas consecuencias para el ciudadano”.
Lamentan que todos los guardias civiles destinados en Cataluña y sus familias sienten frustración y preocupación ante la incertidumbre que respiran a diario.
Avisan además de que “la Guardia Civil es uno de los pocos elementos vertebradores que unen a Cataluña con el resto de España”, por lo que, concluyen, “parece que lo que realmente se pretende con estos acuerdos sea la desconexión total de esta comunidad autónoma con nuestro país, con la consecuente desaparición de la representación del Estado”.
Ya adelantan que se reservan “el derecho al ejercicio de las acciones legales pertinentes en todo aquello que conculque la legislación vigente y las condiciones de vida de los guardias civiles”.
