Tras lareducción presupuestal de 16.3 por ciento al Poder Judicial en 2025 y el rezago acumulado luego del paro de 71 días de labores por la protesta de sus trabajadores, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) busca ampliar las facultades de los fedatarios en la reforma al artículo 121 constitucional, que permitirá al gremio atender temas que hoy solo resuelven los jueces, y con ello desahogar cargas y costos de los juzgados.Guadalupe Díaz Carranza, presidenta del CNNM, dijo a MILENIO que la iniciativa de reforma ya fue consensuada con el Legislativo y se espera su discusión en febrero, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. De aprobarse, los notarios podrán resolver asuntos como adjudicaciones, traslados de dominio, sucesiones testamentarias o divorcios.La autora de la iniciativa es la diputada Olga Sánchez Cordero, con quien se consensuó esta reforma en noviembre pasado durante el Congreso Nacional del CNNM, ante el paro de labores por la reforma judicial, que duró 71 días y acumuló un rezago histórico al Poder Judicial.El Sindicato de Empleados del Poder Judicial señaló que durante el paro se dejaron de emitir 236 mil resoluciones, que se sumaron al rezago de 525 mil casos en todas las materias. “En los días de paro se cancelaron 296 audiencias diarias, que engrosaron el número de expedientes por atender”, comentó un sindicalista que solicitó el anonimato.Para el agremiado, subsanar lo retrasado puede demorar hasta dos años pues, por otra parte, los jueces enfrentan una pesada carga de trabajo, así que la ampliación de facultades a los fedatarios puede ser de gran ayuda para la labor extenuante de los jueces y personal de los juzgados. “Se tienen registrados mil 647 jueces que cada año resuelven en promedio 737 asuntos, es decir 14 a la semana, lo que significa que tienen que ventilar los casos de manera apresurada y bajo constante presión, lo que sin duda incide directamente en la objetividad de las resoluciones”.A esto se suma que en el Presupuesto de Egresos de 2025se disminuyeron 14 mil 42.2 millones de pesos,sobre todo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación(714.4 millones de pesos), al Consejo de la Judicatura Federal (13 mil 117.2 millones) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(210.6 millones).El poder judicial ejerció por día, este año, 214.5 millones de pesosen todas sus áreas y con el recorte se tendrán carencias de personal jurídico y administrativo.Examen y certificaciónGuadalupe Díaz Carranza,quien este 31 de diciembre concluye su periodo al frente del CNNM, destacó que otra parte importante de la iniciativa es que se terminará con la idea errónea de que las notarías se asignan a personas cercanas, familiares o funcionarios pues se requerirá un examen de oposición para asumir el encargo y certificación de capacidades cada año, a fin de dar mayor certeza de que la fe pública solo recaerá en los más aptos y capaces.“Sin duda, esta iniciativa vendrá a reforzar el estado de derecho del país desde el ámbito notarial porque está pensada en dar mayor certidumbre, agilidad y transparencia a la fe pública con notarios de probada integridad y capacidad profesional”.Aclaró que aunque se trata de una modificación federal, la iniciativa prevé respeto a la división de poderes, por lo que cada gobierno de los estados podrá definir los criterios en el examen de oposición y serán quienes conserven la facultad de otorgar las patentes notariales conforme al mejor perfil.La dirigente consideró que uno de los grandes avances obtenidos durante su gestión es haber sentado las bases para la Actuación Digital Notarial, que implica la digitalización de archivos, uso de firma electrónicay medios de transmisión de datos bajo un marco jurídico que respeta los principios de autonomía y territorialidad de los estados, lo cual permitirá dar mayor agilidad, certeza y seguridad a todos los trámites legales.“Ya tenemos el marco digital notarial que se compartió con todos los estados y se está desarrollando desde el colegio, una plataforma para resguardar con los más altos niveles de ciberseguridad, la información que es patrimonio de todos los mexicanos”, concluyóAG
