La transición energética en España choca con un muro: los expertos advierten que unas redes eléctricas insuficientes y obsoletas podrían estar bloqueando inversiones millonarias y frenando la creación de empleo, lo que es una amenaza para el liderazgo del país en renovables
La transición hacia una economía electrificada y sostenible en España tiene un obstáculo por delante: la insuficiencia y obsolescencia de sus redes eléctricas. Cada vez más voces autorizadas alertan de que, en la última década, una inversión insuficiente en infraestructura estaría generando un cuello de botella que impide maximizar el potencial de las energías renovables y limita el desarrollo industrial del país. Según datos de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelèc), el 40% de los proyectos industriales que requieren conexiones eléctricas han sido afectados, bloqueando inversiones por valor de 100.000 millones de euros y privando al mercado laboral de la creación de 1,5 millones de empleos.
Aunque España ha registrado un auge en la generación solar y eólica, gran parte de esta energía no llega a los consumidores debido a la falta de infraestructura adecuada para transportarla. Esta situación se ha agravado por un aumento exponencial en las solicitudes de acceso a la red, que crecieron un 35% solo en 2023. Este desajuste entre la oferta y la demanda deriva “en pérdidas económicas, retrasa la descarbonización y dificulta cumplir con los objetivos climáticos”, tal y como apuntan desde algunas organizaciones. Es el caso de Foro Mercado Libre, que asegura que “la falta de inversión en infraestructura también afecta a la competitividad industrial, limitando el crecimiento y la innovación en sectores estratégicos”. Así, desde esta entidad se alerta que “con una red incapaz de soportar la expansión de las energías renovables, el país enfrenta un doble reto: resolver los problemas de capacidad y modernizar una infraestructura crítica para acompasar el ritmo de la transición energética. Sin una solución, España corre el riesgo de rezagarse frente a economías que ya han abordado estos desafíos”.
En nuestro país, la gestión de la red de distribución eléctrica está a cargo de Redeia, operador del sistema que cuenta con participación pública. Entre 2013 y 2023, esta entidad invirtió 5.300 millones de euros, un 37,6% menos que los 8.500 millones que topaban el máximo anual del 0,065% del PIB establecido tras la crisis financiera de 2008. Este límite, impuesto durante el gobierno de Mariano Rajoy, buscaba contener los costes del sector eléctrico. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica también ha tomado medidas concretas para abordar esta problemática. Ha elaborado un borrador que propone aumentar las inversiones en redes eléctricas hasta 52.360 millones de euros para 2030. Este plan implica triplicar el límite de inversión actual y acompasar la infraestructura al crecimiento real de la demanda eléctrica, clave para facilitar la transición energética.
No obstante, el Ejecutivo se enfrenta a un reto importante: equilibrar el aumento de inversiones con la contención de costes que afectan directamente al recibo de la luz de los consumidores. El debate sobre cómo financiar estas mejoras sin generar un impacto desproporcionado en los hogares españoles es un tema central en la agenda política y económica. Seguramente el análisis y reducción de todos los cargos superpuestos en la factura de la luz de los españoles será la solución para aumentar la inversión en redes sin incrementar el coste para el bolsillo de los consumidores.
A pesar de estos planes de inversión, la burocracia sigue siendo uno de los principales factores que limitan el despliegue de proyectos. Un informe conjunto de Redeia y la consultora PWC revela que el 32% de las inversiones planificadas entre 2015 y 2020 no se materializaron debido a retrasos administrativos. Dependiendo del tipo de proyecto, los trámites pueden prolongarse hasta seis años, obstaculizando la ejecución de planes esenciales para el desarrollo eléctrico del país. Este problema también amenaza con bloquear el 39% de las inversiones previstas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Sin una reducción drástica de la burocracia, España podría seguir enfrentándose a retrasos que comprometan su capacidad para liderar en el sector de las energías renovables y cumplir con sus metas climáticas y energéticas.
El problema de la obsolescencia y falta de capacidad en las redes eléctricas no es exclusivo de España. A nivel global, los sistemas eléctricos afrontan retos para adaptarse a la transición energética. Según S&P Global Ratings, existe un desacoplamiento significativo entre las inversiones en energías renovables y las redes necesarias para integrarlas. Se estima que se requieren 700.000 millones de euros a nivel internacional para evitar un colapso del sistema eléctrico. Además, la patronal eléctrica europea, Eurelectric, alerta que más de un tercio de las redes europeas ya tienen más de 40 años y, para finales de esta década, esa proporción habrá alcanzado el 50%, lo que exige inversiones urgentes. En la UE, se necesitan entre 375.000 y 425.000 millones de euros para modernizar las redes de distribución antes de 2030. Sin estas inversiones, tanto Europa como otras regiones podrían enfrentar importantes cuellos de botella que retrasen la transición energética y el cumplimiento de los objetivos climáticos globales.
En este contexto, China y Estados Unidos lideran los esfuerzos globales para modernizar sus redes eléctricas y acompasar el crecimiento de las renovables. China destinó 120.000 millones de euros a sus redes eléctricas entre 2022 y 2023, mientras que Estados Unidos planea aumentar sus inversiones en un 60% para 2030. Estos países han reconocido la importancia estratégica de las redes en la transición energética, asegurando que la energía generada por fuentes renovables pueda integrarse y distribuirse eficientemente. Estos esfuerzos contrastan con la mencionada situación en España, que “aún trata de superar los efectos de una década de infrainversión”, tal y como se subraya desde Foro Mercado LibreL. “La falta de redes adecuadas no solo retrasa el crecimiento industrial, sino que también impacta directamente en la competitividad del país, poniendo en peligro su posición como referente en energías limpias”, precisan desde la misma organización.
