Dos meses y medio después de que el Tribunal Supremo (TS) acordase la apertura de una causa penal por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado –por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador–, Álvaro García Ortiz aún no ha declarado como investigado ante el instructor, el magistrado Ángel Hurtado. Tampoco lo hizo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que tras admitir el pasado mayo las denuncias de González Amador y del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), terminó pidiendo dos meses después al Supremo la imputación del fiscal general.
Pero esa declaración como investigado está cada vez más cerca. El propio Hurtado ha deslizado ya en su última resolución que acomete la citación de diversos testigos «con carácter previo a la toma de declaración de los investigados». Por si fuera poco, una de las acusaciones populares, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), le ha solicitado hace unos días que llame a declarar a García Ortiz, a quien atribuye también un delito de prevaricación o de infidelidad en la custodia de documentos.
Esa inevitable citación plantea de nuevo otra cuestión extraprocesal: la dimisión de García Ortiz, una renuncia que ya han solicitado tanto APIF como la principal asociación de la carrera, la Asociación de Fiscales (AF), desde el momento en que el Tribunal Supremo acordó el pasado octubre investigar al fiscal general por revelación de secretos.
La AF considera que la situación judicial de García Ortiz «está repercutiendo negativamente en la actuación de los fiscales», por lo que considera que debería renunciar a su cargo. Su presidenta, Cristina Dexeus, asegura a LA RAZÓN que «la instrucción de la causa penal contra el fiscal general del Estado está poniendo un foco mediático indeseado sobre la institución». Aunque esta situación, afirma, «afecta solo al fiscal general, pues no es una investigación penal a la Fiscalía», Dexeus considera que al no dimitir García Ortiz «genera confusión entre el investigado y la institución».
La presidenta de la AF recuerda que el Reglamento de la carrera fiscal» prevé la posibilidad de suspender cautelarmente al fiscal al que están investigando en una causa penal, una suspensión que resulta obligada cuando se procede a la apertura de juicio oral, por ejemplo».
Y aunque, matiza, «no existe una previsión al respecto para el fiscal general», Dexeus cree que «sin perjuicio de lo anterior, debiera dimitir» porque, aunque «como todo ciudadano tiene derecho a la presunción de inocencia y a diseñar las estrategias de defensa que considere oportuno desarrollar –subraya– no parece razonable que permanezca en el cargo compatibilizando sus funciones como fiscal general y al tiempo defendiéndose del delito por el que está siendo investigado».
Además,añade, «la intervención del fiscal en una causa penal contra el fiscal general resulta comprometida y, desde nuestro punto de vista, se ve afectada por el deber de abstención».
No obstante, parece improbable que García Ortiz vaya a renunciar al cargo cuando sea citado a declarar como investigado. La incógnita reside si lo hará en el caso de que el Supremo abra juicio oral contra él.
