Un portavoz del fabricante de automóviles chino BYD ha objetado los informes sobre las malas condiciones en un sitio de construcción en Brasil, donde está construyendo una fábrica, diciendo que las acusaciones tenían como objetivo “difamar” a China y a las marcas chinas.
A principios de semana, un grupo de trabajo liderado por fiscales brasileños anunció que había rescatado a 163 ciudadanos chinos que, según dijo, trabajaban en condiciones “similares a la esclavitud” en el sitio.
Un video de la Oficina del Fiscal de Trabajo de los dormitorios donde se alojaban los trabajadores mostraba camas sin colchones e instalaciones de cocina rudimentarias.
Un portavoz de BYD, Li Yunfei, objetó vehementemente en un comunicado publicado el jueves en su sitio de redes sociales Weibo.
“En el asunto de difamar a las marcas chinas, difamar a China e intentar socavar la amistad entre China y Brasil, hemos visto cómo fuerzas extranjeras relevantes asocian maliciosamente y difaman deliberadamente”, dijo, también criticando los informes de los medios sobre la situación.
BYD, cuyas siglas significan Build Your Dreams (Construye tus sueños), es uno de los mayores productores de automóviles eléctricos del mundo. La compañía señaló el lunes por la noche que “terminará inmediatamente el contrato” con el grupo Jinjiang y está “estudiando otras medidas apropiadas”.
BYD dijo que los trabajadores de Jinjiang serían alojados en hoteles cercanos por el momento, y no sufrirían por la decisión de detener el trabajo en el sitio. La compañía dijo que durante las últimas semanas había estado cambiando las condiciones de trabajo en el sitio de construcción y había dicho a sus contratistas que se tenían que hacer “ajustes”.
La publicación de Li en Weibo también incluía lo que decía que era una “declaración” de los trabajadores chinos de la obra, impresa con las huellas rojas de los pulgares de los hombres, que aparecían en un video sentados juntos en una habitación.
El video mostraba a uno de los trabajadores mientras leía en voz alta una declaración en la que se afirmaba que los informes sobre las condiciones deficientes y “de esclavitud” habían violado sus derechos humanos y que los problemas eran el resultado de malentendidos.
“Apreciamos este trabajo y queremos quedarnos a trabajar aquí”, dijo. Cuando terminó, los trabajadores aplaudieron.
Los fiscales dijeron que la situación sanitaria en el sitio de BYD era especialmente mala, con solo un inodoro por cada 31 trabajadores, lo que los obligaba a despertarse a las 4 de la madrugada para hacer fila y estar listos para salir al trabajo a las 5:30 de la mañana.
Según la ley brasileña, las condiciones similares a la esclavitud se caracterizan por la sumisión al trabajo forzado o a horas de trabajo agotadoras, la sujeción a condiciones de trabajo degradantes y la restricción de la libertad de movimiento del trabajador.
Jinjiang Construction Brazil, con sede en Camacari, dijo en un comunicado que había sido “frecuente e intensamente inspeccionada por el departamento de trabajo local en Brasil”.
Agregó que debido a diferencias culturales, problemas con la traducción y el entendimiento, “gran parte de la información publicada por el departamento de trabajo era inexacta, especialmente las declaraciones que decían que los trabajadores de Jinjiang estaban ‘esclavizados’ y ‘rescatados’, lo cual es completamente inconsistente con los hechos”.
Además, afirmó que sus trabajadores estaban dispuestos a hablar con los medios sobre la situación.
Aparte de las condiciones de vida de los trabajadores, los funcionarios brasileños dijeron que Jinjiang Construction Brazil había confiscado sus pasaportes y retenido el 60 por ciento de sus salarios. Aquellos que renunciaban serían obligados a pagar a la compañía por su pasaje aéreo desde China, y por su boleto de regreso, dijo la oficina de trabajo en un comunicado.
Las condiciones de vida para los trabajadores migrantes de la construcción pueden ser bastante espartanas en muchas partes del mundo en desarrollo, y dicho trabajo a menudo implica contratos que requieren que los trabajadores paguen grandes sumas de dinero utilizadas para asegurar los empleos, a pesar de las leyes que prohíben tales arreglos.
