La población cada vez crece a una menor tasa en México, y es conocido que las proyecciones de población para el país estiman que hacia la segunda mitad de este siglo la población total estará disminuyendo en el contexto de altas tasas de envejecimiento. De lo que estamos menos conscientes es de las profundas disparidades en las que se refleja este proceso en el territorio actualmente.
Mientras que algunas de nuestras zonas metropolitanas, como Querétaro, Monterrey o Tijuana, aún crecen a tasas elevadas, en otras regiones del país la población está disminuyendo.
Entre los censos de 2010 y 2020 en 663 municipios la población disminuyó. La mayoría son pequeños municipios con un alto componente de ruralidad, aunque en total viven cerca de 16 millones de personas en ellos. Además, estos municipios pueden coexistir en estados con zonas metropolitanas con alto crecimiento poblacional. Este es el caso de Nuevo León.
Aunque su principal zona metropolitana tiene un crecimiento poblacional importante, cuenta con cerca de 20 municipios en los que su población disminuyó en ese período censal.
Esto sugiere que una parte de este despoblamiento puede deberse a movimientos migratorios internos entre las zonas metropolitanas y sus áreas de influencia. También puede existir un reordenamiento de la población dentro de las propias zonas metropolitanas.
La disminución de la población, aunque puede tener un efecto positivo al disminuir la presión sobre el uso de algunos recursos naturales, exigir un menor ritmo de crecimiento de la infraestructura o provocar incrementos salariales por una menor oferta laboral, también plantea ciertas problemáticas.
Por ejemplo, en la prestación de los servicios educativos en localidades pequeñas cada profesor puede tener grupos cada vez más pequeños, lo que encarece la prestación del servicio. O también a veces se puede optar por prestarlo de forma deficiente.
En el inicio de este ciclo escolar las autoridades educativas de un estado del país anunciaron que 100 de sus escuelas ya no prestarían los servicios habituales, sino que la cobertura se realizaría a través del CONAFE, una institución que presta el servicio con personal menos calificado.
Más que reaccionar con una simple estrategia de minimización de costos que sacrifica la calidad volviendo más vulnerables a estas comunidades, habría que preguntarse si es posible aprovechar los cambios tecnológicos recientes o reorganizar los modelos educativos de forma que la calidad de los servicios no disminuya.
La prestación de otros servicios públicos y otras actividades económicas, tal como se llevan a cabo actualmente, requieren una escala mínima poblacional que muchas localidades de México ya no alcanzarán y otras están perdiendo.
El despoblamiento de muchas regiones es un proceso que debe estar en marcha en más regiones que la década previa, y es posible que se acelere si no se resuelven las problemáticas asociadas, sin que hasta ahora parezca que el diseño de las políticas públicas del país, ya sean federales o locales, tenga claridad acerca de las respuestas posibles.
El autor es economista y profesor investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey. Sus investigaciones abarcan la economía laboral y el desarrollo económico.
