El Gobierno volvió a prorrogar el plazo para que las empresas del Estado se conviertan en sociedades anónimas. Se trata del paso previo a la privatización que impulsa la administración de La Libertad Avanza (LLA).
"Prorrógase por el término de SESENTA (60) días el plazo previsto en el artículo 51 del Decreto N° 70/23, prorrogado por su similar N° 553/24. La presente medida entrará en vigencia a partir de la fecha de su dictado", señala el Decreto 1120/2024 publicado en el Boletín Oficial.
La normativa se da en el marco del DNU 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei, en donde se declaró la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025".
En un principio, el Gobierno había establecido un plazo de seis meses, aunque luego volvió a extender el plazo por otros seis meses en julio. Sumado a ello, ahora volvió a prorrogar el límite por dos meses.
"La persistencia de las circunstancias de hecho y de derecho consideradas al momento del dictado de los referidos decretos torna insuficiente dicho plazo para dar un adecuado cumplimiento a lo previsto en el artículo 48 del Decreto N° 70/23", sostiene el texto, que también lleva la firma de Guillermo Francos y Luis Caputo, entre otros funcionarios.
Si bien una de las últimas encuestas reflejó que la privatización genera cierta incertidumbre para la sociedad, lo cierto es que desde la Casa Rosada pretenden acelerar la venta de las empresas públicas.
El Gobierno tiene en mente tres escenarios para avanzar con la privatización de empresas estatales
"Que la gravedad de la situación exige su prórroga por el término de SESENTA (60) días con el fin de contar con el tiempo suficiente para concretar lo establecido en el inciso 2) del artículo 77, en el inciso 1) apartado b) del artículo 83 y en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias", detalla.
Con el objetivo de concretar las ventas, el Gobierno evalúa tres escenarios: licitaciones públicas, ofertas iniciales de acciones en el mercado de capitales, la cesión parcial de las empresas o cierre y posterior venta de terrenos a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
