Dejar un trabajo que ya no se soporta es una decisión complicada. Para muchos trabajadores en España, la idea de abandonar un empleo con condiciones laborales difíciles puede resultar tentadora, pero hacerlo de forma voluntaria tiene implicaciones legales importantes, especialmente en lo que respecta al acceso a la prestación por desempleo. Según la normativa española, renunciar voluntariamente significa perder automáticamente el derecho a cobrar el paro, salvo en casos excepcionales en los que el empleador haya incumplido gravemente sus obligaciones.
A pesar de las restricciones, existe una figura legal conocida como 'autodespido' que permite a los trabajadores dejar su empleo y recibir tanto la indemnización correspondiente como el acceso al paro, siempre que se demuestre que la empresa ha vulnerado gravemente las condiciones del contrato. Esta opción equipara los derechos del trabajador a los de un despido improcedente, con compensaciones económicas que varían según las circunstancias.
Uno de los motivos para el autodespido es el traslado forzoso a un centro de trabajo en otra ubicación que implique cambios significativos en la vida del empleado. La empresa tiene la obligación de notificar el traslado con al menos 30 días de antelación y garantizar condiciones razonables para el trabajador. Si no se cumplen estos requisitos, el empleado puede solicitar el despido con una indemnización de 20 días por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades.
Los cambios drásticos en las condiciones laborales sin justificación adecuada también son causa de autodespido. Esto incluye modificaciones en el horario de trabajo, turnos o reducciones salariales considerables. Por ejemplo, cambiar de un horario de lunes a viernes a turnos de fin de semana o reducir el salario sin un motivo contractual válido son acciones que permiten al empleado reclamar una indemnización de hasta nueve meses.
Otra causa justificada para el autodespido es la falta de pago o retrasos reiterados en el salario. Si la empresa acumula al menos tres meses sin abonar los sueldos o los pagos se realizan de forma irregular más allá del décimo día del mes, el trabajador puede reclamar la rescisión del contrato con indemnización.
Finalmente, situaciones graves como el acoso laboral o una carga de trabajo excesiva que comprometa la salud del empleado también habilitan el derecho al autodespido. Siempre que estas circunstancias sean probadas, el trabajador puede obtener una indemnización equivalente a la de un despido improcedente.
Por otro lado, si un empleado renuncia voluntariamente fuera de estos supuestos, no podrá acceder al paro, salvo que cumpla con ciertos requisitos en un nuevo empleo. Por ejemplo, si tras la renuncia comienza un nuevo trabajo y no supera el periodo de prueba, tendrá derecho al paro solo si el despido ocurre después de tres meses de haber dejado su empleo anterior.
